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2. Manejo integral de la
minería ilegal. Nuevas
oportunidades legales a la
minería legal.
Compromiso con la
Biodiversidad
Propuesta ambiental de Sergio Fajardo
Mayor y mejor comando y control
• Vamos a incrementar significativamente los mecanismos de comando y control
de la policía y las autoridades ambientales en las zonas más afectadas por la
extracción ilícita de minerales con el fin de ejercer mayor y efectivo control y
vigilancia a dichos procesos ilegales.
• Sofisticaremos la penalización de delitos asociados a la minería ilegal y
exploraremos alternativas de justicia especial para abordar casos de minería
ilegal tales como jueces y fiscales especializados que no estén vinculados con
los territorio afectado.
• Continuaremos e intensificaremos la lucha contra la minería criminal,
particularmente de oro, a partir de la intervención de los sitios de explotación y
destrucción de maquinaria por parte de la fuerza pública. Para que sea
realmente efectiva haremos que trascienda a otras escalas de la cadena de
valor de este negocio ilícito, identificando y capturando a sus inversionistas,
comercializadores y compradores de minerales ilegales.
Participación ciudadana
• El catastro multipropósito debe ser la herramienta central para que los territorios
participen en la definición socioeconómica de los territorios. Vamos a identificar
las formas organizativas y fuentes de recursos para dar inicio a un proceso que
permita que todos los municipios del país cuenten con
las herramientas
necesarias para mejorar su ordenamiento territorial, incorporando el sector
social, ambiental y económico, de manera continua. El ordenamiento y los
planes que lo establecen administrativamente no son documentos estáticos sino
que evolucionan como lo hacen las personas en el territorio.
• La consulta previa es un derecho fundamental. Es un derecho que tienen los
grupos étnicos y vamos a respetarlo. Trabajaremos con las comunidades para
que este mecanismo constitucional revierta en atención efectiva a sus
inquietudes y en beneficios reales. En nuestro gobierno vamos a liderar
directamente estos procesos de consulta. La nación y no las empresas mineras,
serán los protagonistas de un mecanismo genuino de comunicación
y
concertación con las comunidades, con plazos definidos, y como requisito previo
al otorgamiento de licencias mineras. Este proceso lo concentrará un Ministerio
del Interior fortalecido en sus capacidades de diálogo multicultural. Se hace
imperativo establecer reglas claras con compensaciones estándar para que esto
no se convierta en foco de corrupción. Con el acompañamiento y el liderazgo
del Gobierno Nacional podremos dinamizar estos procesos, brindando mayor
seguridad jurídica a los diferentes actores involucrados, con todo el rigor
científico y basándonos en procesos de adecuada divulgación de la información,
diálogo y concertación.
La fuerza de la esperanza.