MUNDO URUGUAYO
UPM 2
LA SEGUNDA PASTERA DE UPM ENFRENTA RESISTENCIAS
DESDE VARIOS FRENTES
En los últimos años, Uruguay ha fo-
mentado la industria forestal y la instala-
ción de gigantescas plantas de celulosa
operadas por empresas multinacionales.
Según las autoridades, estas actividades
generan riquezas y puestos de trabajo, pero
hay sectores de la población que ponen en
cuestión la viabilidad y los beneficios de
este modelo productivo.
En Uruguay ya operan dos grandes
plantas de pasta de celulosa. Una es Mon-
tes del Plata, ubicada sobre el río de la Pla-
ta, en el departamento de Colonia, de capi-
tales suecos, finlandeses y chilenos. La otra
es la de UPM en Fray Bentos, que en 2005
llegó a los titulares internacionales debido al
enfrentamiento con Argentina por la posible
repercusión en el río Uruguay.
Cuando la finlandesa UPM desembarcó
en Uruguay para construir la planta de ce-
lulosa en Fray Bentos, no sólo generó re-
acciones contrarias del lado argentino. Los
cortes de ruta de la Asamblea Ambiental de
Gualeguaychú fueron el elemento más noto-
rio de oposición.
En Fray Bentos y en Soriano hubo en
aquellos años movimientos ambientalistas
contrarios a la pastera, que en ocasiones se
plegaron a las acciones de la Asamblea Am-
biental de Gualeguaychú.
Ahora, varios colectivos de la sociedad
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civil, han vuelto a poner sobre el tapete
esta discusión, ante el acuerdo alcanzado
por el Gobierno con la finlandesa UPM en
noviembre de 2017 para la construcción de
una nueva fábrica de pasta de celulosa en el
centro del país.
A nivel político, en los partidos mayorita-
rios no hay una oposición frontal a la insta-
lación de la pastera, si críticas de algunos
dirigentes opositores a que se otorguen
beneficios tributarios a UPM y no a las em-
presas locales.
En cambio, sí se oponen a la instalación
de la planta, la Unidad Popular (UP) y el
Partido Ecologista Radical Intransigente
(PERI).
En noviembre de 2017, la administración
del presidente Tabaré Vázquez, firmó un
documento en el que se comprometió a ga-
rantizar las condiciones para la construcción
de la planta proyectada. Para esta nueva
planta, la multinacional exige una determina-
da infraestructura vial, ferroviaria y eléctrica
de la que actualmente Uruguay no dispone.
Los grupos opositores, manifiestan que
el documento firmado; “es lesivo desde el
punto de vista institucional”, pues implica
profundas concesiones sobre aspectos que
tocan la “soberanía” del país, como la obli-
gación que se impone a UTE de comprar
la energía excedente de la planta, donde
recibirá un sobreprecio por la energía que
produzca y se entregarán millones de litros
de agua al día gratuitamente”. Y agregan:
expropiará centenares de predios, partirá
ciudades al medio con su ferrocarril, soli-
citando modificar la legislación laboral de
todo el país y el Río Negro será una zona
franca, donde no se pagarán los impuestos
que deben pagar los emprendimientos uru-
guayos.
La construcción y mantenimiento de una
vía férrea, de 273 kilómetros de longitud y
con más de 40 puentes ferroviarios, para
unir la ciudad de Paso de los Toros con la
terminal especializada en pasta de celulosa,
ubicada en el puerto de Montevideo, que el
Estado concederá a la empresa, cuyo costo
primario estimado es de 1.000 millones de
dólares. -
La ministra de Industria, Energía y Mine-
ría, Carolina Cosse, calificó como “increíble”
e “insólito” el planteo proveniente de las
críticas, que nuclea a sectores tan distintos
como los ambientalistas o los productores
rurales. La funcionaria consideró que hubo
un “esfuerzo” del Gobierno que redundó en
un acuerdo “bueno” para los uruguayos,
que “va a llevar al centro del país desarrollo
y trabajo”, además de infraestructura. Los
grupos críticos, también manifiestan su
preocupación por un posible litigio entre el
país y la empresa, pues el tribunal compe-
tente no estaría en el ámbito de la Justicia
uruguaya. El Centro Internacional de Arre-
glo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI), una entidad de arbitraje del Banco
Mundial, estaría encargado de laudar sobre
discrepancias. Según explicó Víctor Bac-
chetta, periodista especializado en temas
ambientales e integrante del Movimiento
por un Uruguay Sustentable; “Por los re-
cursos que tenemos, con estas tierras y
Las exportaciones de bienes al-
canzaron en 2017 a US$ 7.889
millones. De acuerdo a las cifras de
Uruguay XXI, la cifra se eleva a US$
9.200 millones cuando se agrega el
impacto neto de las exportaciones
de celulosa y de concentrados de
bebidas que salen de zonas francas
y las ventas de energía eléctrica del
período.
la calidad de fuentes de agua superficial
y subterráneas, un país como el nuestro
tendría que estar dedicado a la produc-
ción de alimento. Con estas plantaciones
e industrias la tierra se está empobre-
ciendo y eso no lo pagan las plantas de
celulosa ni las empresas forestales. Ese
es el problema sustancial”. Y agregó “se
le dice a la población que el rubro más im-
portante de producción del país va a ser la
celulosa. Uruguay no exporta celulosa, lo
que hace es exportar los troncos que en-
tran a las zonas francas. En consecuencia,
solo exportamos troncos”, concluyó.
Zapicán Rodríguez
noviembre 2018
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