El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, analizó en diálogo con Punto biz el escenario de la agroindustria en medio de la gestión de Javier Milei. Retenciones, hidrovía, infraestructura vial, inversiones y empleo fueron algunos de los ejes de una entrevista en donde el referente del sector agroexportador reclamó mismas reglas de juego para el campo en relación a los beneficios del ámbito hidrocarburífero y minero.
—En “A Todo Trigo”, en Mar del Plata, el gobierno dejó trascender señales que el campo interpretó como una eventual baja de retenciones para el trigo. ¿Evalúan que exista margen para eso?
No. En las reuniones que hemos tenido con el Gobierno indican que, si bien les encantaría hacerlo, no tienen margen fiscal por los resultados mensuales. Entienden que los precios futuros del trigo son suficientemente atractivos con la alícuota actual del 7,5%.
—¿Cómo ven el comportamiento de los productores? ¿Hay predisposición a vender?
Hasta ahora vemos un flujo de ventas positivo por parte de los productores. No detectamos preocupación vinculada a inestabilidad macroeconómica, inflación o tipo de cambio. La senda viene siendo positiva y habrá que ver cómo se sostiene en mayo, junio y julio, que son meses importantes.
—Ciara y CEC vienen planteando desde hace años que Argentina perdió terreno frente a Brasil en industrialización vinculada al procesamiento de granos. ¿Cambió algo con esta gestión?
Primero, la baja de retenciones es una muy buena señal. Todos queremos que sea más rápida, pero entendemos que el Gobierno está haciendo el máximo esfuerzo. Pasamos del 33% al 24% en soja y del 12% al 7,5% y 8,5% en trigo y maíz. Eso es importante. El segundo punto es la logística. El Gobierno avanzó mucho con la licitación de la hidrovía y también con las licitaciones ferroviarias para cargas. Y el tercer aspecto es la estabilidad macroeconómica y cambiaria. Son condiciones históricas que reclamábamos y hoy vemos una buena senda.
—¿Eso ya se traduce en inversiones concretas?
Por ahora no estamos viendo un aluvión de inversiones. Lo que sí aparece es una expectativa de inversión hacia adelante. Veníamos de un apagón de inversiones y ahora hay señales positivas. Los anuncios de Dreyfus en Timbúes, la nueva planta de molienda de Molinos, las inversiones de Daniel Grobocopatel en Buyatti o las mejoras en las plantas de Nueva Vicentin son señales favorables, pero siguen siendo pequeños avances respecto del potencial que podría activarse.
—¿Qué falta para que esa ola de inversiones se concrete?
El sector no tiene RIGI. El Congreso decidió excluir a la agroindustria del régimen y tampoco tenemos acceso al RIMI para grandes empresas. Hoy no hay un régimen especial para la agroindustria. Para nosotros es clave contar con un RIGI agroindustrial. Porque el RIGI trasciende a un gobierno y da previsibilidad de largo plazo. Sin eso, seguimos en desventaja frente a otros sectores de la economía.
—¿La cercanía del calendario electoral conspira contra las inversiones?
Más que el resultado electoral de 2027, lo importante es contar con reglas estables y beneficios fiscales de largo plazo. Si hubiera un RIGI agroindustrial, muchas inversiones podrían acelerarse independientemente del escenario político.
—¿Cómo ven la licitación de la hidrovía?
El Gobierno tiene previsto que el adjudicatario llegue a 40 pies navegables en un plazo de seis años. Hoy estamos en 34 pies y posiblemente dentro de un año ya podamos estar en 36. Eso sería una mejora enorme después de 15 años sin avances. La intención es acelerar. Nosotros vamos a participar del consejo asesor de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para monitorear el proceso y asegurar que los plazos se cumplan.
—¿Los satisface el esquema de control previsto para los usuarios?
Sí. La idea es que estén representados productores, exportadores, terminales portuarias y agencias marítimas. Eso es importante para hacer seguimiento de las inversiones y de la operación.
—¿Qué opinión tienen sobre el plan que impulsa Santa Fe para mejorar la infraestructura vial de acceso a puertos?
Primero, enorme satisfacción porque finalmente un gobernador tomó cartas en el asunto. Estamos hablando de 350 kilómetros del circuito portuario más importante del mundo y que estuvo abandonado durante muchísimo tiempo por Nación y municipios. El esquema de fideicomiso público-privado nos parece correcto. La discusión es cómo se paga y cuánto se paga.
—¿Qué objeciones tienen sobre el mecanismo planteado por la Provincia?
Nosotros proponemos un esquema de peaje electrónico para transporte de cargas porque es más eficiente y transparente. La Provincia propone una tasa y creemos que eso genera costos administrativos innecesarios. Después está la discusión sobre el monto. El valor de u$s1,50 por tonelada nos parece elevado. Hoy el promedio ronda entre 35 y 40 centavos y acá se está planteando más del doble.
—¿Por qué cree que se generó ruido alrededor de la propuesta?
Creo que el Gobierno hizo un análisis técnico y lo difundió antes de abrir el diálogo con usuarios e interesados. Pero me parece que rápidamente se puede llegar a acuerdos si todos nos sentamos en una mesa.
—¿Hay consenso técnico respecto de las obras que hacen falta?
Sí. El plan del circuito portuario se elaboró hace años junto con la Bolsa de Comercio de Rosario y el Gobierno provincial lo tomó como base. No hay objeciones sobre el diagnóstico ni sobre las obras. La discusión es cómo se financia.
—¿Qué mirada tienen sobre el deterioro general de las rutas nacionales?
El Gobierno nacional fue claro: no hay recursos para mantener las rutas y por eso avanzan hacia un esquema de concesiones. Eso es importante. Pero los accesos portuarios no entran en esas concesiones, entonces hay que buscar soluciones específicas como la que plantea Santa Fe.
—¿La agroindustria perdió protagonismo frente a sectores como minería o energía?
Hay una percepción equivocada de que el agro ya es un sector maduro y que no puede crecer más. Es un grave error. Para que exista Vaca Muerta se necesita una vaca viva superpotente. La agroindustria aporta unos u$s9.000 millones anuales en derechos de exportación y genera 2,5 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 18% del PBI argentino.
—¿Cuánto podría crecer el sector si mejoran las condiciones?
Podríamos sumar más de 500.000 puestos de trabajo si avanzaran una baja mayor de retenciones y mejoras logísticas. El potencial es enorme. Con una baja de retenciones en soja del 24% al 15% podríamos sumar más de 10 millones de toneladas adicionales y generar u$s3.000 millones más para la economía en apenas seis meses.
—¿La agroindustria tiene tiempos de maduración más rápidos que sectores como minería o petróleo?
Totalmente. El crecimiento agroindustrial puede darse en una sola campaña agrícola. El caso del trigo es muy claro: Argentina pasó de producir 15 o 16 millones de toneladas a casi 29 millones con mejores condiciones climáticas, baja de retenciones e inversión tecnológica.
—¿Les preocupa el posible regreso de un fenómeno Niño?
Muchísimo. Nos preocupa por el impacto productivo y también por la hidrovía. Un fenómeno Niño genera mayor sedimentación y puede afectar la navegabilidad si no tenemos un sistema de dragado eficiente.
—¿La hidrovía puede llegar a ese escenario todavía en transición de concesión?
Es un punto clave. La adjudicación debería resolverse rápido porque el futuro operador va a necesitar más dragas, más equipos y más personal para afrontar un escenario climático complejo. Por eso es fundamental acelerar los tiempos.
Si bien celebra el rumbo de las políticas para fortalecer el desembolso privado, advierte que quedaron un escalón abajo de otros sectores con espalda para inversiones.
GUSTAVO IDÍGORAS
“Sin un RIGI agroindustrial, el sector sigue en desventaja frente al resto”
Por PATRICIO DOBAL
“Es un error pensar que el agro ya no puede crecer más”, advierte Idígoras.
“La baja de retenciones es una muy buena señal”, asegura Gustavo Idígoras.
participación del sector privado -en algunos casos administrando recursos públicos- es creciente. “Las empresas pueden tener un rol importante y útil, en la medida en que el Estado no desaparezca, sino que más bien adopte una postura firme como líder de una estructura de gobernanza de la red de salud. Es decir, tiene que marcar las reglas a través de las cuales compra los servicios privados, tiene que establecer una estructura muy eficiente de incentivos para esos pagos, debe saber muy bien qué servicios necesita, cómo articula a las prestaciones privadas con el resto de la red pública, y cómo garantiza la transparencia. Es decir, integra al privado, pero sigue al mando del sistema”, opinó Ernesto Báscolo, jefe de la Unidad Salud Primaria y Servicios Integrales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Para el economista experto en gestión de salud, graduado de la UNR e investigador del Conicet, la integración de los privados es, a la vez, una oportunidad y un riesgo. “Nadie se saca el problema de encima concesionando la salud pública. Los esquemas de intervención privada pueden mejorar la salud pública, pero el resultado sigue dependiendo de que el Estado cumpla bien su rol en la gobernanza”.
El proyecto del Hospital Regional Sur se lanzó en 2007. Sufrió parálisis y saqueos. Con suerte las obras estarán para el 2027 y luego habrá que equiparlo.
El grupo Oroño equipó y brinda servicios en un hospital de la Municipalidad de San Nicolás. Atiende socios de prepagas, obras sociales y fuera de cobertura.
El papel que juega el Estado