histórico para todas las naciones, ya que se considera como un
paso en materia de derechos humanos nunca antes visto.
Por otro lado, según el Estatuto de Roma (2002) en el
artículo 4 especifica que todos los Estados miembros están
obligados a cumplir con las decisiones de la Corte Penal
Internacional. Se puede decir que aunque hay una desigualdad
arraigada, en cuanto al procesamiento de criminales, la CPI sigue
siendo funcional y efectiva al momento de tomar y aplicar las
resoluciones para que sean obligatorias para todos enjuiciados en
cualquier territorio. Un ejemplo claro de la buena acción de esta
Corte se puede estudiar desde los hechos ocurridos en el 2008,
cuando el expresidente de la República Democrática del Congo,
Jean-Pierre Bemba, fue detenido por la policía de Bélgica bajo
una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, ya
que él había sido acusado de guerra y crímenes de lesa
humanidad. Bajo la premisa de que todos los miembros de la CPI
aceptan la jurisprudencia de la Corte, se puede afirmar que la
comunidad internacional se encuentra totalmente dispuesta a
contribuir con la justicia, ya que la Corte Penal Internacional
cuenta con 122 miembros, los cuales están dispuestos a apoyar las
decisiones que este organismo llegue a tomar y con esto permitir
el acceso a sus territorios y al procesamiento de sus ciudadanos
sin distinción alguna (Ford, p.8, 2014). Además, la conveniencia
que la CPI tiene para los Estados miembros es mucho más de lo
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