DESPERTAR DE LA MONTAÑA, La Realidad de nuestro tiempo
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Los Servidores de la Nación, La Columna
Legalidad y justicia
la estructura de Morena
P OR : F RANCISCO C AMPOS R AMÍREZ
¿Saben cuál es la verdadera base del poder político?
No las armas ni las tropas,
sino la habilidad de hacer
que los demás hagan
lo que uno desea que hagan.
Philip Dick
En la era de la cuarta
transformación, el gobierno federal y
el partido en el poder construyen su
andamiaje, su estructura, que los
sostendrá y servirá para darle solidez
a su forma de gobierno y organización
de partido, acto que tanto cuestionó en
los regímenes pasados.
Los "servidores de la nación", en la
fase de transición de gobierno se
contaron con un ejército de 20,000
voluntarios reclutados por los
coordinadores estatales de los
Programas Integrales de Desarrollo.
El jefe de este grupo, Gabriel García
Hernández, quien paralelamente ocupa
la Secretaría de Organización del CEN
de Morena.
Estos "servidores de la nación" en
su mayoría son militantes de Morena,
en la campaña presidencial de López
Obrador, fungieron como promotores
del voto para difundir sus propuestas,
con la promesa de que luego tendrían
un cargo en la administración en caso
de que ganara Obrador.
A cinco meses de gobierno de la
cuarta
transformación,
tiene
desplegados aproximadamente 17 mil
"Servidores de la nación"; para poder
operar, el gobierno destina mil 808
millones para costear la nómina.
Irma Eréndira Sandoval, Secretaria
de la función Pública, presentó la
plataforma Nómina Transparente,
donde se muestra, que existen 16 mil
804 personas que reciben 8 mil 173.60
pesos al mes, que siguen realizando
censos de los programas sociales,
además de que apoyan a organizar los
actos del presidente Andrés Manuel
López Obrador, también ayudan a
lanzar porras al mandatario y en
algunas ocasiones ha sido captados
echando consignas y ofensas a los
gobernadores de oposición.
Existen 259 coordinadores que
reciben 51 mil 87.36 pesos al mes, lo
que implica un gasto anual de 158
millones 778 mil 514.88 pesos, más un
millón 51 mil 459 pesos al año para tres
subcoordinadores que ganan 29 mil
207.20 pesos, estos puestos de
dirección lo ocupan integrantes de
MORENA, dirigentes locales y
regionales, así como algunos
excandidatos perdedores en la
elección del 2018.
El objetivo de MORENA y AMLO,
contar con estructura política y
ejecutiva, busca apuntalar con su
ejercicio social y presupuestal, la
perpetuidad como partido en el
gobierno.
Contar
con
un
representante en cada estado, así
como de 300 en cada distrito, es claro
el objetivo, control político, social y
presupuestal.
Palabras Mayores
MORENA viola leyes y desvía recursos públicos
del Congreso local; Helguera oculta información
P OR J ORGE R OMERO R ENDÓN
El que de plano no entiende que el
Congreso local NO es como su puesto
de ropa usada en el mercado de Iguala,
es el presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) y líder
de MORENA, Antonio Helguera
Jiménez, a quien sus propios
compañeros diputados acusan de
llevar un manejo inadecuado de las
finanzas, e incluso de desvío de
recursos al hacer compras y gastar el
dinero público en cosas fuera de
presupuesto, como un Rey Midas que
gasta a manos llenas en caprichos y
prebendas.
El descontento por la falta de
transparencia en la administración
financiera del Congreso, y por el mal
uso del dinero que supuestamente se
“ahorra” por la reducción de sueldos
de los diputados y el régimen de
austeridad en el gasto que en realidad
NO se aplica, se ha extendido entre los
integrantes de las fracciones
parlamentarias del PRD, PVEM, PRI, PT,
MC e incluso entre algunos de
MORENA, a quienes Helguera no rinde
cuentas, dado que controla el gasto y
la administración del Legislativo.
De ahí que el coordinador de la
Fracción del PRI, Héctor Apreza Patrón
cuestionó hace unos días muy
seriamente la forma en que se conduce
Helguera, debido a que “no le rinde
cuentas a nadie”sobre la forma en que
ejerce el gasto y dado que no consulta
previamente a los diputados sobre
adquisiciones e inversiones que le
atañen a todos los legisladores.
El tema del desorden financiero se
extiende incluso a la actividad de los
diputados en las sesiones oficiales del
Congreso, en las que desde hace
algunas semanas ha cundido la
confusión y el caos derivado de la
ignorancia y de la falta de preparación
de su trabajo por parte de legisladores
de MORENA, ante lo que ayer mismo
Apreza Patrón denunció que:
“Esta Legislatura está en el tobogán
del descrédito parlamentario. Después
de ocho meses de trabajo, hago un
llamado a las diputadas y a los
diputados a que hagamos un alto en el
camino, a que nos demos la
oportunidad de sentarnos a dialogar y
que en el marco de la ley, que me parece
que es algo de lo que nunca debimos
habernos
apartado,
podamos
reconstruir el trabajo parlamentario”…
Desvío de recursos…
En ese sentido, el diputado local del
PRI, Jorge Salgado Parra anunció que
la Cuenta Pública del Congreso local
del año 2018 tendrá serias
observaciones al ser revisada en la
Auditoría Superior del Estado, “por uso
indebido de recursos, ya que fuera de
toda planeación ha habido desvíos a
gastos no previstos en el Presupuesto
2019, como la compra de un tablero
electrónico que costó más de 7
millones de pesos, que seguimos sin
utilizar”.
Salgado Parra aclaró que no acusa
a nadie de que haya tomado los
recursos, “sino que se emplearon
varios millones en cosas que no
estaban presupuestadas”, y que han
sido cuestionadas por la mayoría de los
diputados debido a que el presidente
de la JUCOPO ha estado operando una
Ha sido la declaración de López
Obrador como presidente que más
desafía el orden democrático. Dijo
la semana pasada -palabras más,
palabras menos- que cuando estén
en contraposición, la justicia es más
importante que la legalidad y debe
ser la guía de la conducta de las
personas.
La aseveración es una invitación
para que cada persona cumpla las
leyes que considera justas y
deseche el resto. En México
tenemos un problema grave de
cultura de la legalidad que se
exacerbará si el jefe de Estado
piensa que sólo debemos cumplir
las leyes 'justas'.
Los Estados democráticos de
derecho implican que las leyes
provienen
de
procesos
democráticos y por ello son
legítimas. Legalidad y legitimidad
son sinónimos. Por eso las leyes
deben cumplirse porque lo son,
simple y llanamente, mas no en
virtud de su eficacia o de su
percepción de 'justicia'.
Ciertamente si los procesos
legislativos que han gestado el
orden normativo actual han sido
excluyentes o simulados, o si la
aplicación de la norma es desigual
o selectiva, existe la posibilidad de
la ciudadanía de rebelarse contra
las leyes para proteger los derechos
humanos o subvertir el orden de las
cosas. Pero se trata de situaciones
límite que otorgan el derecho a los
serie de imposiciones sin consultar a
sus pares, o cuando menos a los
coordinadoresde
las
diversas
fracciones parlamentarias.
Helguera se olvida de que los 45
diputados que integran la actual
Legislatura no son sus empleados ni
subalternos, sino sus pares, porque
todos tienen la misma investidura, sus
votos cuentan igual y todos deben
respetar la ley y rendir cuentas tanto a
sus compañeros como a la ciudadanía
que representan… y eso NO lo está
cumpliendo…
Mayoría de diputados, despreciados
en actos públicos…
Un ejemplo de la torpeza y falta de
cortesía política de Antonio Helguera
pudo constatarse en el acto de entrega
de la Cuenta Pública del Congreso local
al titular de la Auditoría Superior del
Estado (ASE), Alfonso Damián Peralta,
un evento protocolario al que sólo
invitó a media docena de diputados de
MORENA que considera “amigos”, y al
que no convocó a ningún coordinador
o legislador de otros partidos.
El evento, que se llevó a cabo casi
en secreto, tampoco contó con la
presencia de los presidentes de las
comisionesde Vigilancia y Evaluación
de la ASE, Jesús Villanueva Vega, ni el
de Presupuesto y Cuenta Pública,
Alfredo Sánchez Esquivel, a pesar de
que ambos son de MORENA, pero no
sus incondicionales. “Ni entre ellos se
respetan esas cortesías”, consideró
Salgado Parra.
De manera que, tal como lo
plantearon Salgado Parra y Apreza
Patrón, se espera que tanto en la
administración como en el trabajo
legislativo las cosas puedan cambiar y
llevarse a cabo conforme a la ley, y
retomando con seriedad y respeto el
compromiso
que
tienen
los
diputadosde todos los partidos con la
sociedad…
Correo
electrónico:
[email protected]
súbditos, pero jamás a quien
ostenta el cargo de jefe de Estado.
Si en México hay leyes que
propician violación de derechos
humanos o que obstaculizan el
desarrollo y bienestar de las
personas, deben cambiarse. Pero
mientras sean norma jurídica,
deben observarse. No hay nada
peor para la convivencia
democrática que el relativismo
jurídico en el cual cada quien juzga
con sus valores y creencias la
justicia y pertinencia de la norma.
López Obrador repite una y otra
vez que "al margen de la ley nada,
por encima de la ley nadie".
Lograrlo requiere combatir esa
cultura de la ilegalidad. La Tercera
Encuesta Nacional de Cultura
Constitucional (2017), elaborada
por el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, muestra que
uno de cada cuatro mexicanos
piensa que violar la ley no es tan
malo, sino que lo malo es que te
sorprendan.
La misma encuesta muestra que
uno de los problemas de la falta de
legalidad en México es que el 46.6
por ciento de las personas
considera que los miembros de una
comunidad tienen derecho de tomar
justicia por propia mano,
principalmente porque las personas
creen que las autoridades no
garantizan el cumplimiento de las
leyes.
Una vía para combatir la cultura
de la ilegalidad es mediante el
ejemplo de quienes gobiernan. Por
ello fue muy dañino que un día
después de dichas declaraciones
enviara un memorándum dando
instrucciones a varios miembros de
su gabinete para que tomaran las
medidas conducentes a dejar sin
efecto la reforma educativa
aprobada durante el sexenio de
Enrique Peña Nieto.
López Obrador se defendió ipso
facto al decir que se trataba de una
declaración política: "No es sólo un
asunto legal, es un asunto político,
o sea, no es ni una iniciativa de ley
ni un decreto ni un acuerdo, es un
memorándum para propósitos
internos", afirmó.
Pero si se trataba de una
declaración política sobre la
reforma educativa no era necesario
estampar la firma en un documento
dirigido a servidores públicos
sujetos de responsabilidad
administrativa si hacen caso al
dictado del presidente; para eso hay
discursos en mítines y conferencias
mañaneras.
El respeto a la Constitución es
uno de los pocos lugares de
encuentro y consenso en México:
puedes ser de uno u otro partido,
pero respetar la Carta Magna ha
sido siempre -aun sea de forma
retórica- un elemento sagrado que
nadie ha desafiado.
Si perdemos ese consenso
básico y elemental y se permite que
el presidente violente las normas -
aun sea de forma lúdica y retórica-,
el siguiente paso puede ser el
desafío frontal de la ley y aun el
acoso de las autoridades
responsables de hacer valer la
legalidad en el país.