En lo que respecta a los desafíos; las mujeres tienen un potencial inmenso para dinamizar la economía, pero en muchas ocasiones la discriminación de género retrasa esta expectativa. A menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no remunerados y poco seguros, y siguen ocupando menos puestos directivos en las empresas por lo que es importante prestar atención a la promoción de la creación de más productos financieros para aumentar la alfabetización financiera de la mujer. A su vez en lo que tiene que ver con la política las mismas siguen atrasadas con su representación, pero se debería tomar en cuenta que representan a la mayoría de la población.
Otro desafío es incorporar completamente a las mujeres en el ámbito laboral, puesto que las mismas tienden a laborar generalmente en los sectores de los servicios o en el servicio doméstico, y no en los campos de la alta tecnología, o en trabajos calificados, por lo que se hace necesario implementar políticas públicas que incentiven la participación de mujeres en la fuerza laboral, y el aumento de las mujeres en la toma de decisiones en el sector privado. A su vez seguir incentivando, promocionando y poniendo en práctica las herramientas existentes en Venezuela para continuar apaleando la violencia de género. Continuando, el Estado debería tomar en cuenta las instituciones gubernamentales en nuestro país que se encargan de defender los derechos de la mujer a través de las leyes y darles el apoyo necesario en todos los aspectos para que así no decaigan y continúen con su encomiable labor.
Habría que adoptar disposiciones legislativas y administrativas expresas con el fin de eliminar las brechas de género en los ámbitos pertinentes. Las reformas orientadas a la descentralización del estado y el establecimiento de nuevas formas de ordenamiento territorial deberían armonizarse con una estructura institucional que facilite la formulación de políticas de género. En el marco legal que se adopte como consecuencia de las reformas deberían incluirse disposiciones que garanticen el acceso, control y goce equitativo de los beneficios y servicios pertinentes por parte de las mujeres así adoptar un nuevo paradigma para el desarrollo y fortalecimiento de nuevas estructuras sociales, en las cuales se promueva la participación de las mujeres en distintos ámbitos, sin discriminación alguna.
El Estado deberá jerarquizar y fortalecer los mecanismos para la defensa de los derechos humanos de las mujeres; El refuerzo de éstos debe entenderse como una manera de ahorrar recursos al Estado, ya que cuanto mayor sea su poder menos recursos deberán destinar el Estado y la sociedad a sensibilizar a las autoridades. Expresado en otros términos, se observa que mientras mayor es la legitimidad y el poder de estas instituciones, menor es el costo de implementación de las políticas públicas y la aplicación de las leyes.
Los gobiernos de la región deben profundizar sus compromisos, mediante el aumento de los recursos técnicos y financieros que se asignen para velar por el ejercicio de los derechos de las mujeres. En este sentido, la participación de la mujer en la toma de decisiones es una exigencia democrática y de justicia social que debe catalogarse como prioritaria si se quieren alcanzar los objetivos de igualdad, desarrollo y paz.
Autora del texto: Blanca Nellys Roa Ruiz