contingente, compleja y frágil. En este sentido, la
idea de interfaz nos ubica en un polo constructi-
vista de análisis frente al desarrollo de las distin-
tas experiencias de participación en salud, lo que
supone poner en relieve los lenguajes, prácticas,
sentidos y racionalidades históricas (4) que operan
imbricadas en el campo de la participación, y sus
efectos sobre las personas y las comunidades.
Sobre esta premisa de multiplicidad y solapa-
miento entre distintas formas de entender y po-
ner en práctica la participación en salud, el pre-
sente artículo busca caracterizar esta interfaz en
términos de algunas de sus relaciones constituti-
vas: 1) relación de servicio, 2) relación terapéuti-
ca, 3) relación tecnológica, y 4) relación espacial y
territorial.
enfermos ni usuario pobres, sino simplemente un
tipo específico de actor que entra en relación con
los aparatos técnico-administrativos mandatados
para conducir un modo transversal de política pú-
blica como es la participación ciudadana (7).
Así, paradojalmente, una búsqueda del ejercicio
del derecho a la participación basada en la imple-
mentación de mecanismos de democracia delibe-
rativa, en donde todos se reconocen como iguales
(usuarios), puede estar negando la real posibilidad
de participar. Aquí se vislumbra el peligro de la
concepción liberal de sociedad civil, que concibe
a los ciudadanos como usuarios informados que
persiguen intereses individuales y que son deposi-
tarios de las mismas competencias para participar
en los espacios públicos “ofrecidos” por servicios
públicos y privados (8). Esto supone un tipo de
gestión en manos de expertos, y cuyo proceso
está más cerca de los dispositivos burocráticos
del Estado que del trabajo comunitario, pasando
por alto las condiciones de vida, las rutinas per-
formativas, lenguajes, formas de citación (9), y las
redes sociotécnicas específicas que constituyen a
los sujetos en el plano de la salud, dificultando el
reconocimiento de la experiencia social de las per-
sonas en la interfaz de participación ciudadana.
Esto está en íntima conexión con la forma
en que nuestra sociedad, y las latinoamericanas
en general, se han insertado en la modernidad.
Araujo y Martuccelli (10) relevan la necesidad de
comprender las particularidades del proceso de
individuación en Chile y Latinoamérica, ya que
este no responde al modelo clásico de individua-
lismo institucional de las sociedades europeas
y no ha ha transitado de la misma forma por la
genealogía foucaultiana del poder. En aquel de-
sarrollo se configuró una interfaz socio-estatal
mucho más cohesionada que en sociedades como
las latinoamericanas: por una parte, el Estado era
mucho más fuerte en la regulación de las conduc-
tas pero, por otro lado, también más permeable
a la ciudadanía que se desarrolla a su alero. En
nuestra sociedad los individuos se posicionan
en función de sus habilidades para lidiar con la
vida social, y esta vida no se considera siempre
organizada desde lo estatal, cuestión que pone en
discusión la idea de una gubernamentalidad (11) chi-
lena o latinoamericana. Incluso si se reconoce la
existencia de instituciones de gobierno, estas no
adhieren del todo a un programa de gobierno del
individuo. En ese sentido, la relación de servicio
es una innovación técnica del Estado, hibridada
con una fuerte semántica de derechos. Estas in-
novaciones son siempre parciales y levantadas por
RELACIÓN DE SERVICIO
Un primer tipo de relación, fundamental para
entender la configuración de los dispositivos de
participación en la actualidad, se anla en las ló-
gicas burocráticas del Estado y la pretensión de
articular una política mecánica de participación
desde arriba hacia abajo (5). Este tipo de relación
se apoya en la normativa de participación elabo-
rada desde la administración pública a partir de
instrumentos como la institución de los Consejos
de Desarrollo Local, la Ley de Asociaciones y
Participación Ciudadana en la Gestión Pública,
el instructivo presidencial que mandata la crea-
ción de normas sectoriales para la participación
ciudadana y la consecuente apropiación de dicho
mandato por parte del Ministerio de Salud en la
Norma de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública de Salud - Exenta N°31 del 19 de enero
de 2015. Esta configuración normativa decanta en
una serie de mecanismos de participación que de-
ben ser puestos en marcha en los distintos centros
de salud. La característica principal de esta rela-
ción es su gerencia vertical. Esta participación es
administrada desde las instituciones mandatadas
para el cumplimiento de la agenda gubernamental,
bajo un esquema neoinstitucionalista centrado en
las capacidades estatales y no en la comprensión/
transformación de la experiencia social de las
personas en el ámbito de la salud. Esto motiva el
despliegue de una racionalidad managerial (6) que
se provee de las ciencias sociales, de la administra-
ción y de las comunicaciones, para implementar
una interfaz participativa con las personas bajo la
categoría de “usuarios”, haciendo abstracción de
las particularidades tanto médicas como socioe-
conómicas. Bajo esta perspectiva no hay usuarios
Moller S., et al.
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