siendo el acceso a la atención limitado por una estructura centralizada( 1).
Sin duda existe una atadura macro-micro que continúa con el proceso de dependencia en la toma de decisiones administrativas que pueden llegar a sobrepasar el marco de la salud de las víctimas, ya que están en juego factores políticos y jurídicos( 7) que son canalizados a distintas esferas de la realidad social y no solo de la salud. Tal vez, estamos en presencia de valores tácitamente( 3) conducidos que buscan su reproducción por medio de relaciones de poder( 6) que impiden la planificación local, ajustadas a las necesidades locales de determinadas comunidades.
Por lo mismo, los acercamientos que realizan los profesionales en sus territorios, tienen que ver con un sello de carácter cualitativo en su quehacer diario, ya que la aplicación y / o adecuación de algunas prácticas locales apuntan a generar acciones pertinentes y adecuadas al contexto sociocultural de las personas, y además develan situaciones o puntos estresores que impiden o dificultan los procesos de atención y derivación por violencia sexual. Finalmente pareciera ser que la atención basada en los derechos de las víctimas queda a expensas de las voluntades y organización de los agentes institucionales en el territorio y no se condice con algunas directrices de la normativa técnica.
De este modo, se visualiza una relación estructural que demanda un quehacer pero que lo coarta al re-significarlo en un número o a una atención clínica / forense, en dónde los medios probatorios( levantamiento de muestras) no expresan si el modelo es efectivo o no, sino que más bien demuestra que la institución realiza tantos peritajes y levantamiento de evidencias en un periodo determinado de tiempo. Según lo anterior, podemos estar en presencia de un proceso de desubjetivización de las personas y, a la vez, del propio quehacer de los profesionales, ya que se invisibiliza el proceso relacional entre las partes mencionadas( 4).
La cultura patriarcal, la construcción social de género, la estigmatización social y los prejuicios generan una subvaloración de la experiencia narrativa o discurso de las víctimas, siendo esta reducida por un modelo biologicista. La cultura de la violación es la normalización de la violencia, lo que se traduce en estar rodeados de símbolos, lenguaje, construcciones y acciones que invisibilizan y justifican la violencia. Ergo, existe una resistencia a realizar peritajes sexológicos forense en las unidades de emergencia hospitalaria, principalmente por desconocimiento e invisibilización de la violencia sexual.
ORIGINALES: Atención de Salud y Género
CONCLUSIONES Y PROYECCIONES
La violencia sexual es un problema de salud pública y de derechos humanos, ya que es una vulneración a la integridad humana de una persona, y, por tanto, un abuso de sus derechos humanos fundamentales. Incorporar el enfoque de derechos y perspectiva género es prioritario, ya que significa avanzar en la equidad y la protección de la persona en situación de alta vulnerabilidad. En ese sentido, la respuesta de los agentes de salud frente a este tipo de vulneraciones debe ser siempre considerando la integridad de la persona. Es necesario fortalecer a los equipos de salud en la evaluación de la primera acogida, ya que esta etapa es crucial para proteger a la víctima y resguardar sus derechos, además de evitar posibles eventos futuros de violencia sexual.
Es fundamental entregar conocimientos en materias de derechos humanos y victimización secundaria a los equipos de urgencia, esto con la finalidad de comprender la relevancia e impacto de sus acciones en salud. Por lo mismo, se ha apuntado a generar una concientización respecto a la victimización secundaria, ya que esta se produciría por el desconocimiento del fenómeno de la violencia y la victimización en sí. Interrumpir el circuito de la violencia sexual y violencia hacia las mujeres es reconocerlas como sujetos de derechos, por ende, la recuperación puede estar dada por las acciones en salud.
No cabe duda que existe un alto porcentaje de violencia sexual intrafamiliar. Los casos crónicos son los más difíciles de pesquisar, debido a que no presentan daño físico detectable y evidencian una clara brecha respecto a la pesquisa, la valoración del relato, evaluación e intervención. Es necesario fortalecer el análisis de caso y la derivación asistida a través de comités territoriales en salud.
Lo anterior, implica comprender que las instituciones médicas pueden transformarse como espacio para el cambio social. En ese sentido, la perspectiva emica( experiencia subjetiva de las usuarias, usuarios, comunidades) es crucial para establecer idiomas locales y contextuales( 15). Por lo tanto, se deben reforzar las capacitaciones a los agentes de salud, no sólo en aspectos clínicos, si no que en aspectos socioculturales, humanos y éticos.
Los procesos de atención que se despliegan desde las salas de acogida y unidades de emergencia hospitalaria requieren una organización y cohesión grupal definida, con roles y responsabilidades claras de funciones e intervenciones. Desarrollar un trabajo integrado, ético, interdisciplinario e intersectorial en el territorio, se traduce en una atención humana que visibiliza la violencia y reduce la victimización secundaria.
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Cuad Méd Soc( Chile) 2018, 58( 2): 57-62