Arturo Balderas Torres
GEI de cada actor regulado y el costo de producción de los certificados entre
los desarrolladores de proyectos de mitigación.
Además de los mercados de cumplimiento existen los mercados voluntarios
de carbono. La participación de los compradores en los mercados voluntarios
está determinada por factores asociados a razones como el cumplimiento con
una política de responsabilidad ambiental o social, por razones de mercadotecnia
ambiental o, en algunos casos, como una fase de preparación para nuevas
regulaciones ambientales (Peters-Stanley y Hamilton, 2012). En este caso el
precio está dado por los costos de producción de los certificados de reducción
de emisiones o captura de carbono entre los desarrolladores de los proyectos
y la disposición a pagar por parte de los compradores.
Pagos por Servicios Ambientales
Los PSA han sido definidos como acuerdos voluntarios, entre al menos un
proveedor y un usuario para realizar una compensación condicionada por la
provisión de un servicio ambiental específico (Wunder, 2005). Esta definición
puede extenderse a los mercados voluntarios de carbono, precisando que éstos
se limitan a la provisión de servicios de mitigación del cambio climático bajo
reglas específicas de contabilidad y certificación de carbono forestal y reducción
de emisiones de GEI (p.e. Voluntary Carbon Standard, Plan Vivo).
El programa de PSA surgió en México desde el 2003 operado por la
Comisión Nacional Forestal (Muñoz-Piña et al., 2008); el objetivo inicial de dicho
programa fue el de dar incentivos a los propietarios de predios forestales para
la conservación de los bosques en zonas generadores de servicios hidrológicos
(Muñoz-Piña, et al., 2008). Para esto se ofrece un pago anual por hectárea por
cinco años condicionado al cumplimiento de los requerimientos del programa
para aquellos productores rurales interesados cuyas aplicaciones cumplan con
las reglas de operación del programa y según lo permita la disponibilidad de
recursos. En el caso de bosques de pino-encino, el cual es el tipo de ecosistema
presente en la mayor parte de la RBBLP, el pago anual equivale a U$23 dólares
por hectárea por año ($300 pesos por hectárea por año) (Muñoz-Piña et al., 2008).
El PSA entregado a los participantes es colectado por el gobierno general vía
el cobro de derechos de explotación de agua y asignación directa presupuestal
(Muñoz-Piña et al., 2008). En este caso el gobierno es un intermediario entre
usuarios y proveedores de los servicios ambientales, quien define el nivel de
cobro a usuarios y pago a proveedores de acuerdo a las reglas del programa.
En 2008 CONAFOR, inició el programa voluntario de pago por servicios
ambientales por fondos concurrentes donde usuarios y proveedores pueden
negociar directamente los acuerdos para proteger áreas forestales productoras de
servicios ambientales. En éste caso, la CONAFOR funge como tercera parte y
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