CLEU - AUTOFALSIFICACION O FALSIFICACION POR DISIMULO | Page 55

La delincuencia es uno de los problemas sociales
que más preocupación despiertan en la ciudadanía,
una problemática que impacta todos los estratos de
la sociedad y no se limita a los países en vías de
desarrollo; a lo largo de la historia de la humanidad
la delincuencia siempre ha estado presente indepen-
dientemente de la existencia de códigos penales, o
si sus manifestaciones sean violentas o no.
Por ende, para que se presenten conductas anti-
sociales, estas deben desarrollarse en un espacio fí-
sico, donde exista interacción entre seres humanos;
actualmente un estimado de 55 % de la población
mundial vive en áreas urbanas, solo en el transcur-
so de las dos décadas anteriores el porcentaje de la
población mundial que vive en ciudades se ha incre-
mentado en un 50 %, de los cuales la gran mayoría
vive en países en vías de desarrollo. (UN-Hábitat,
2018).
Ya que la mayor parte de la población mundial
vive ahora en áreas urbanas, el aumento en la co-
misión de delitos y en los niveles de violencia, se
asocian al aumento descontrolado en tamaño de la
población, considerando a las ciudades como focos
de actividad criminal.
El crecimiento en la desigualdad social, falta de
oportunidades y desigualdad en la distribución de
la riqueza, dentro de los espacios urbanos, son al-
gunos de los factores que fomentan el aumento de
la delincuencia y por consiguiente de la violencia en
una sociedad, generando costos económicos y so-
ciales para todos los miembros de esta.
Respecto a los costos económicos, no se limitan
a los realizados por el Estado, ya que debido al au-
mento de la inseguridad los particulares han tenido
que invertir en medidas adicionales de defensa para
la protección de su patrimonio e integridad física; se
consideran tres grandes áreas de costos en los que
incurren tanto el Estado como particulares para com-
batir esta situación, (UK Home office, 2018):
En primer lugar, está el costo en anticipación al
crimen, este se describe como el gasto realizado por
individuos y negocios para la detección y prevención
del crimen, como pueden ser sistemas de vigilan-
cia cerrada, seguridad privada, seguros, etc.
En segundo lugar, se consideran los costos como
consecuencia del crimen, estos incluyen el valor de
las propiedades robadas o dañadas, los daños físi-
cos o emocionales a las víctimas en cuanto a gastos
médicos o servicios de atención a víctimas por daño
emocional.
Por último, se consideran los gastos en los que se
incurren por respuesta al crimen, estos son los que
tienen mayor impacto en la sociedad porque son los
que corren por cuenta del Estado, como los costos de la fuerza
policiaca, los servicios periciales, de fiscalía y defensoría pública y
el sistema penitenciario, entre otros.
De los anterior podemos ver el gran gasto que representa esta
problemática; según Jaitman, et al (2014), en países como Ale-
mania, Canadá, Australia y Francia el costo de la delincuencia
representa entre el 1,3% y 1,8 % del producto interno bruto (PIB)
de cada país, mientras que en Estados Unidos representa el 2,75
% del PIB y en Reino Unido el 2,55%, mientras que para América
Latina y el Caribe los costos de la delincuencia asciendan hasta el
3,55% del PIB de la región completa, específicamente en nuestro
país costos asociados a la delincuencia representan aproximada-
mente el 2% del PIB, lo cual se traduce a un gasto de más de
40,000 millones de dólares anuales.
Sabemos entonces, que la situación de inseguridad está ínti-
mamente relacionada con las condiciones socioeconómicas exis-
tentes, y que la inseguridad tendrá un impacto en los recursos que
el estado destine para suprimirla, sin embargo, también presenta
manifestaciones sociales importantes para la comunidad, ya que a
medida que la delincuencia aumenta, los lazos de la sociedad co-
munitaria tradicional se ven rotos, a través de una desintegración
social, y de los grupos familiares y vecinales básicos; así como
también se presentan vastos sectores dentro de la comunidad
sumergidos en una situación de vulnerabilidad y marginación,
(Moliné y Larrauri, 2001). Por consiguiente, es necesario deter-
minar qué tipos de delitos son los que representan mayores cos-
tos económicos sociales y de qué forma se les puede mitigar más
efectivamente; si bien, los delitos que atentan contra la integridad
física de las personas, como el homicidio, o violaciones, generan
una fuerte preocupación en la sociedad, su incidencia no es tan
frecuente y el temor a ser víctima de estos no es tan común, de la
misma manera otras situaciones como la delincuencia organizada
generan preocupación en la población, pero por la manera en la
que se desarrollan estas actividades, no toda la población se sien-
te amenazada por estas.
Según datos de la International Crime Victim Survey (ICVS), son
los delitos que afectan al patrimonio los que presentan una mayor
incidencia y al mismo tiempo causan mayor preocupación de ser
victimizados, en los países del continente africano, por ejemplo,
las tasas de robo son cinco veces mayores que los reportados en
países desarrollados de Europa y Asia; en el continente Americano
y específicamente en Latino-América los delitos que involucran el
robo, robo con violencia, o en casa habitación presentan una inci-
dencia mayor que delitos que se consideran más graves como el
homicidio y los delitos sexuales, (Baliki, 2014).
A nivel nacional, según datos de la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre Seguridad Pública en México (ENVI-
PE), los delitos con mayor incidencia en el país son los relaciona-
dos con afectaciones al patrimonio de las victimas (robo o asalto
en calle o transporte público, robo total o parcial de vehículo, robo
en casa habitación y robo en cualquier otra forma) concentrando
un total del 51% de los delitos cometidos en el período de tiempo
estudiado, un porcentaje muy superior comparado con otros deli-
tos, como los que atentan contra la integridad física, por ejemplo,
de igual manera estos delitos son los que generan mayor preocu-
Introducción
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