El 6 de octubre de 1999 el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “los peticionarios”) presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana (Corte Interamericana de Derechos Humanos).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó el pago de una indemnización por los daños materiales y
morales causados a Luis Fernando Figueredo Cagüeño, Carlos Felipe Figueredo, Jonathan Figueredo Cagüeño y William Alexander Molina Figueredo.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación de Colombia estableció que algunas de las personas que fueron reportadas como fallecidas en la acción paramilitar estaban con vida y vivían en la ciudad de Villavicencio. Para el ente investigador estas personas faltaron a la verdad cuando se acreditaron como víctimas de la masacre ante el organismo internacional.