BRUJULA CIUDADANA La sociedad civil y sus propuestas | Page 21

1. A genda
ciudadana frente a las elecciones
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guridad Interior- va en dirección contraria a
los datos que señalan que la militarización
de la seguridad incrementa las violaciones
a derechos humanos y la violencia, y a las
recomendaciones que al respecto han hecho
los organismos internacionales de derechos
humanos.
En suma, debemos de exigir planes progra-
máticos que aborden una estrategia integral
contra la inseguridad, que tenga como princi-
pal énfasis un modelo de seguridad ciudadana
que fortalezca realmente las instituciones
civiles de seguridad y permita el retiro even-
tual de las calles de las fuerzas armadas que
no están diseñadas para combatir el crimen.
Un segundo punto se refiere a obligar a que
las propuestas partidistas ofrezcan una so-
lución a los casos emblemáticos de graves
violaciones a los derechos humanos a los
que esta administración no ha dado solución.
No se trata solamente de señalar que “se
hará justicia caiga quien caiga”, sino de que
las y los candidatos demuestren que existe
una empatía y cercanía con las víctimas y un
compromiso de llegar a la verdad y la justicia
reconociendo que es una obligación de las
instituciones que dirigirán.
Los nombres de casos emblemáticos en esta
lista abundan, pues en este sexenio se hizo
larga, al igual que el dolor que produce la falta
de verdad en las familias. Podemos unirnos
para cuestionar cómo se resolverá la desa-
parición forzada masiva de los normalistas
de Ayotzinapa, pues a pesar de ser el caso
que destapó mundialmente la mencionada
crisis y de que la lucha de los padres y madres
impidió que se diera un cierre forzado al
caso, no se ha garantizado verdad y justicia:
no sabemos aún que pasó a lo largo de esa
noche, los responsables a todos los niveles
no han sido enjuiciados y, lo más grave, no
sabemos el paradero de los estudiantes.
Sin duda, las y los candidatos tendrían en
Ayotzinapa la gran oportunidad de demos-
trar que son comprometidos en un caso
que no solamente es la radiografía de un
país adolorido, sino que es el ejemplo de lo
que sucederá con otros casos que, con una
menor exposición mediática, se replican a lo
largo y ancho de la geografía mexicana. Basta
recordar que el registro oficial de personas
desaparecidas habla de más de 33 mil.
Ni qué decir de los casos que muestran la
impunidad de quienes, desde una posición de
servidores públicos y en el marco de la fallida
estrategia de seguridad militarizada, cometen
los más graves abusos contra la población.
También a cuatro años de ocurrida, no hay
ninguna persona rindiendo cuentas por la eje-
cución arbitraria de civiles en Tlatlaya, debido,
fundamentalmente, a un trabajo defectuoso