BRUJULA CIUDADANA Fin a la corrupción. el gran desafío | Page 10
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Los riesgos del ‘borrón y cuenta
nueva’
¿Cuántas de estas preguntas encontrarán
una respuesta con el advenimiento del nuevo
gobierno? Sería un error la aplicación de
una estrategia de ‘borrón y cuenta nueva’
en la que la corrupción del pasado se olvide
y quede impune.
Hace medio siglo, el Dr. Salvador Nava Mar-
tínez, cuando fue presidente municipal de la
capital potosina, solía colocar en un tablero
público la información sobre ingresos y gas-
tos del ayuntamiento. Llamaba la atención
porque se trataba de un caso excepcional,
pues en aquel momento la práctica de datos
abiertos no existía.
Hoy la práctica de datos abiertos y la instru-
mentación de la transparencia en las finanzas
públicas se impulsa desde distintas platafor-
mas. Los organismos de sociedad civil y de
la academia escudriñan ingresos y gastos
públicos, pero todavía prevalece una concep-
ción de la información como patrimonio de
quien la controla, no como un insumo para
tomar decisiones de política pública.
Para sintetizar, vale la pena reiterar que la
corrupción no se elimina por decreto, y que
la conversión de una persona o su ejemplo
aleccionador distan de ser garantía alguna
del abatimiento de la corrupción. Aunque
cueste más trabajo y no les guste a algunos,
es imperativo contar con mecanismos ins-
titucionales de transparencia y rendición de
cuentas. El inicio del Sistema Nacional Anti-
corrupción, trunco y acotado desde el poder,
no representa buenos augurios. Tampoco lo
son las buenas intenciones por sí mismas, sin
mecanismos institucionales de aplicación uni-
versal, exigibles, verificables y sancionables.
Como lo expresa la Red por la Rendición
de Cuentas, se requiere que se apruebe
una Política Nacional Anticorrupción que
logre transmitir, de manera clara y objetiva,
la dimensión del problema de la corrupción,
así como del diseño de acciones de política
que logren una coordinación transparente y
pública de las instancias encargadas de dar
seguimiento al quehacer de los funcionarios,
incrementar la confianza en la administra-
ción pública, generar capacidades de inves-
tigación y fortalecer el trabajo de tribunales
especializados en combate a la corrupción
autónomos del titular del Ejecutivo y mejo-
rar el fincamiento de responsabilidades en
la materia. Ello sigue siendo una asignatura
pendiente, y un componente fundamental
de la muy necesaria cultura cívica y ciuda-
dana que haga de la vida pública un asunto
realmente público.