1. B alance
general de las elecciones
7
Estado de México, la posición del presidente
del partido se debilitaría, ya que su discurso
triunfalista quedaría sin sustento, dando así
impulso a las críticas de sus rivales en la lucha
por la nominación.
Finalmente, el gobierno federal enfrenta la
disyuntiva sobre qué tipo de señales enviar
al Tribunal Electoral. Puede, por un lado,
aferrarse a la victoria para mantener en alto
los ánimos del priísmo con miras a la elección
presidencial; puede, por otro lado, aceptar
la reposición del proceso con el fin de no
cancelar los canales de diálogo con Acción
Nacional, los cuales serán sin duda impor-
tantes para conservar una cierta dosis de
gobernabilidad en la recta final del sexenio.
Las “deudas” del INE con la
democracia electoral
Ante este panorama, resulta preocupante
la actitud dubitativa mostrada por el INE.
No ha logrado establecer con claridad el
porcentaje en que fue rebasado el tope de
gastos. Dado que la ley estipula que un rebase
superior al 5%, aunado a una distancia menor
a 5 puntos entre el primer y el segundo lugar,
debe dar lugar a la anulación de la elección,
la posposición de la decisión no sólo parece
fruto del temor a tomar una decisión tan
compleja, sino incluso sospechosa.
Cuando en 1996 se aprobó una reforma
electoral de gran calado que, entre otros
cambios, ciudadanizó la organización de las
elecciones y dotó de autonomía al Consejo
General del IFE, el país parecía encaminarse
por la ruta de una democracia electoral que,
gracias a la credibilidad de los resultados, do-
taba de legitimidad a las autoridades electas.
No obstante, a partir de 2006, el panorama
electoral empezó a deteriorarse: se socavó
la autonomía del Consejo del entonces IFE
y los procesos electorales entraron en una
dinámica de permanente disputa en virtud
de la incapacidad de los actores para recono-
cer derrotas o para abstenerse de prácticas
violatorias de la ley.
En la actualidad, veinte años
después, los procesos electo-
rales, aunque técnicamente
estén bien organizados, distan
de ofrecer certidumbre en los
resultados. Se han erogado mi-
les de millones de pesos en el
sistema electoral y se han lle-
vado a cabo dos reformas elec-
torales que en muy poco han
contribuido a la causa de la
certidumbre. El Estado de Mé-
xico y Coahuila parecen haber
dado marcha atrás al reloj, al
tiempo que sientan un preocu-
pante precedente de cara a la
elección presidencial.