BRUJULA CIUDADANA El PND 2019-2024 y el federalismo | Page 4

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A pesar de que se realizó previamente un foro
en el que se recogieron impresiones y apor-
taciones de diversos actores de la sociedad
civil, se ha confirmado que las consultas a la
ciudadanía se han ido desgastando, pues ese
foro solo sirvió para cumplir con la norma.
En los hechos, discutir el Plan Nacional de
Desarrollo implicará un ejercicio de legiti-
mación del documento para los legisladores,
pues se someterá a un proceso de armo-
nización entre aspiraciones de campaña y
las pretensiones y objetivos sexenales que
perfilan nuevas prioridades de política pública
y de gobierno, de impartición de justicia y de
un verdadero Estado de Derecho.
En concreto, será un rito político similar al de
sexenios anteriores cuando una vez publica-
do, se cumplió con el requisito constitucional
para que el gobierno en turno contara con un
PND, que la mayoría de las veces quedó en
el olvido, sin seguimiento, monitoreo alguno
ni evaluación de resultados. Al final, los com-
promisos establecidos en el documento se
diluyen con distintas justificaciones o razones
políticas y presupuestales, y sin responsabi-
lidad alguna de las autoridades o entidades
responsables de darle cumplimiento.
A la par, es preciso mencionar que tam-
bién habrán de definirse los cómo y con
qué recursos podrá cumplirse la ambiciosa
agenda que ha sido planteada en el PND,
pues aun cuando se trate de metas previs-
tas para los próximos seis años, el gobierno
deberá ajustar sus objetivos presupuestales
para contar con los recursos que le permitan
cubrir sus prioridades o simplemente incu-
rrir en la vieja práctica de administraciones
precedentes de “jalar la cobija” para atender
algunas prioridades a costa de “descobijar”
otras necesidades.
Es decir, habrán de
confrontarse los números
y la realidad, para saber
hasta dónde alcanzarán los
recursos presupuestales, más
allá de los buenos deseos,
aunque en el papel se
exponga el cumplimiento de
metas reales o maquilladas,
a pesar de que la realidad
confirme lo contrario.
Lo anterior porque aun cuando se estima
destinar $4,147,422.8 millones de pesos al
gasto programable (de los cuales $351,738.2
millones corresponden al rubro Gobierno;
$1,167,575.4 millones a desarrollo econó-
mico; y $2,628,109.2 millones a desarrollo