BRUJULA CIUDADANA El Ejecutivo y su curva de aprendizaje | Page 49

3) S eguridad
y justicia
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Los datos de incidencia delictiva en estos
primeros días de nuevo gobierno, de acuerdo
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),
ubican a enero como el mes más violento,
rompiendo récord al registrar 2,853 víctimas
de homicidio doloso, así como un incremento
respecto a diciembre de 2018 en los delitos
de feminicidio (79 víctimas), y secuestro (166
víctimas), a esto hay que adicionar que la cifra
negra se ubicó en 93% el año pasado (INEGI
2018). Es en este contexto que el nuevo
gobierno ha planteado como parte de su
agenda combatir la inseguridad e impunidad,
lo preocupante es que las acciones parecen
formar parte de una desafortunada agenda.
El titular del Ejecutivo lejos de aprovechar
su holgado triunfo y favorable composición
política en el Congreso para realizar cam-
bios sustanciales y positivos para mejorar
las instituciones de seguridad y avanzar en
la consolidación del sistema de justicia penal,
ha mostrado una visión más bien opuesta,
ponderando acciones contrarreformistas que
socavan los procesos de mejora de las insti-
tuciones de seguridad y justicia que iniciaron
hace algunos años. Ejemplo de ello son las
recientes modificaciones a la Constitución
que ocuparon la agenda legislativa en estos
primeros meses y que se refieren a la crea-
ción de la Guardia Nacional; a la ampliación
del catálogo de delitos que ameritan prisión
preventiva oficiosa, o bien, la reiteración de
un mecanismo politizado para el nombra-
miento del Fiscal General, que pone en duda
su independencia respecto del Ejecutivo, y
por lo tanto la autonomía de la Fiscalía Ge-
neral de la República.
Las reformas a diversos artículos de la Cons-
titución publicadas el pasado 26 de marzo
por las que se crea la Guardia Nacional,
motivaron desde su inicio suspicacia y cues-
tionamientos, ambos motivados por las de-
bilidades de la propuesta que evidenciaron
un caprichoso proyecto hecho al vapor, y a
pesar de que semanas antes de que fuera pre-
sentado en el Congreso, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) había decla-
rado inconstitucional una Ley de Seguridad
Interior aprobada a penas en diciembre de
2017 que en lo sustantivo planteaba la mili-
tarización de la seguridad pública, tal como
lo hace la propuesta de la Guardia Nacional
del actual presidente, quien en su campaña
había prometido que regresaría a los militares
a sus cuarteles, y lejos de cumplirlo elevó a
rango constitucional la militarización de la
seguridad pública.
Si bien, no está en duda que la mayoría de
corporaciones policiales encargadas de la
seguridad pública presentan un problema
severo de debilidad institucional, la crea-
ción de una corporación militar está lejos de