BRUJULA CIUDADANA Agenda social y entorno global | Page 15

1. P olítica social y económica : una agenda que demanda soluciones 13 Pobreza laboral La desigualdad ha ido acompañada también por una pobreza laboral crónica. Según el informe de CONEVAL (2017) el ingreso laboral per cápita registró una pérdida real, con base en los precios de la canasta alimen- taria, de 26 por ciento entre principios de 2007 y el segundo semestre de 2016. Por ello el porcentaje de población a nivel nacional con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria llegó a 41 por ciento en el cuarto trimestre de 2017. Políticas de fomento La UE ha destinado en las últimas décadas para políticas activas y pasivas de fomento al empleo, el 3.35 por ciento del PIB y los países de la OCDE el 2.8 por ciento, lo que contrasta con lo que ha sucedido en la región latinoamericana donde el gasto ha oscilado entre el 0.3 y 0.4 por ciento del PIB. Dentro de este panorama desolador destaca México, que destina menos del 0.005 por ciento. a estos programas. Debilidad institucional México presenta además una gran debilidad institucional que se manifiesta en una aplica- ción de la ley por las autoridades del ramo (inspección del trabajo) casi inexistente, pero también en la parcialidad, morosidad y la corrupción endémica de la justicia la- boral; el registro de sindicatos y contratos bajo el consentimiento y directriz de los gobiernos federal y estatales, anulando casi totalmente la posibilidad de formar sin- dicatos independientes; la continuidad de dirigentes electos antidemocráticamente en las organizaciones gremiales; y, de manera destacada, la existencia de los contratos de protección patronal 2 , el cáncer mayor que corroe la vida laboral en México. Todo ello explica por qué, en nuestro país, en pleno siglo XXI, priva la simulación en materia de sindicatos y contratos colectivos. Y también la indefensión de la población trabajadora que no cuenta con organiza- ciones, autoridades, ni tribunales de justicia que la apoyen. 2 Los contratos colectivos de protección patronal son instrumentos jurídicos que se pactan sin el conocimiento de los trabajadores entre un sindicato legalmente registrado y el patrón o representante de la empresa. Contienen las prestaciones y derechos mínimos que marca la ley y nunca son negociados. Según algunos investigadores, como Alfonso Bouzas, 90 por ciento de los trabajadores están contratados bajo este esquema ficticio.