Boletín Derechos en La Frontera Diciembre 2016 | Page 13
Angélica Catrileo:Vocera Mesa Territorial Boyeco
Por
do
las
des
parte de la Mesa Territorial se ha exigiestudios del agua y epidemiológico a
familias, ya que abundan enfermedaa la piel y también broncopulmonares.
Según cifras aportadas por la Red de Defensa de los
Territorios, 15 mil toneladas al mes son arrojados
al vertedero de Boyeco, recibiendo los residuos
de Temuco, Padre las Casas y otras localidades.
La propuesta por parte de la organización es la
revisión y devolución de los terrenos a las comunidades, “Hemos propuesto reconvertir la agricultura, que las mujeres tengan floricultura, apicultura, que a los recolectores se les integre en
capacitaciones y fuentes laborales”, indicó Angélica Catrileo, mencionando también el convenio
firmado con el ex Intendente de la Araucanía, Andrés Jouannet “Debe ser tomado por quien asuma este rol, esperamos reconvertir la economía
de las personas y las familias”, expresó Catrileo.
Perspectiva de Derechos Ambientales
La connotación de este caso de impacto medio ambiental en comunidades mapuche ha
sido abordado desde la perspectiva de los
derechos por La Red de Acción por los De-
Manifestaciones exigiendo el cierre definitivo del vertedero
rechos Ambientales (RADA) una iniciativa
que reúne a organizaciones de la Araucanía.
Alejandra Parra, integrante de RADA comenta
que: “Hemos trabajado con las comunidades afectadas por vertederos municipales que se instalan
en sus territoritos. En la región el más emblemático es el de Boyeco, un lugar donde hay una alta
densidad poblacional para ser un sector rural”.
Alejandra relata que en el año 2007 interponen
una denuncia contra el Estado de Chile en el
Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial de la ONU, producto de ello se emiten recomendaciones, refiriéndose específicamente al
caso de los vertederos y plantas de aguas servidas
donde se le solicita al Estado no escatimar esfuerzos para desarrollar iniciativas de solución como
por ejemplo estudios de impacto ambiental.
“Tomamos lo del Comité de la ONU y exigimos
ese estudio de impacto ambiental, social y económico. Este logró financiamiento el año pasado, se licitó, y fue fallida, impugnada por la
contraloría. Estamos a la espera de que se ejecute ese estudio y que las comunidades cuenten con herramientas ante las instituciones públicas, para reformar la denuncia con pruebas”.