—Pero los reubican en Tenerife y Las Palmas…
—Los envían a Tenerife y Las Palmas y allí se hace un cribado. Luego, unos se van a la península o a dar con sus familiares en otros países de acogida; y otros son deportados. A cada uno se le hace un expediente.
—Y la instrucción de esos expedientes, ¿cuánto tiempo tarda?
—Al llegar una persona irregular hay unos parámetros: Mayores de 18 años y menores de 18 años. A los mayores de 18 se les puede deportar o dejar pasar a otro país. A otro país si tienen un vínculo familiar que los pida o que puedan demostrar ese vínculo. Y luego los menores de 18 años tienen que ser acogidos, sobre todo si vienen no acompañados. En estos momentos hay casi 4 mil menores de edad sin acompañantes en la Comunidad Autónoma Canaria. De esa cantidad, hay 339 que serán enviados a otras comunidades autónomas. Ahora, a estos hay que hacerles la prueba ósea para comprobar que son menores. No basta con que ellos digan que son menores, puede darse el caso de que superen los 18 años y manifiesten ser menores. El problema que tenemos es que llegan tantos, que estamos tardando entre 8 y 12 meses para obtener los resultados de las pruebas óseas y determinar las edades.
—¿Qué pasa con los menores?
—Los menores de edad sí se quedan. Porque los menores de edad tienen que ser acogidos por la Comunidad Autónoma hasta que sean mayores de edad. Entonces, esos menores sí tienen derecho a sanidad, educación y todos los servicios.
En las Islas Canarias, el Diputado del Común es el equivalente al Defensor del Pueblo, elegido por las dos quintas partes del Parlamento autonómico, no es necesaria la mayoría absoluta. El periodista y escritor, Rafael Yanes Mesa, tinerfeño de nacimiento, ostenta desde hace cinco años la responsabilidad de representar a la población canaria. Ya está en su último año de gestión.