INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
las violencias más visibles, como las masacres, y la implementación en su lugar de violencias discretas en cuanto a resonancia pública, como la desaparición forzada, dentro de una estrategia militar en medio del proceso de negociación del paramilitarismo con el Estado( proceso de Justicia y Paz, Ley 975 del 2005); 2) el rearme paramilitar que apela a la desaparición forzada para recomponer y ejercer su control territorial, pero reduciendo la visibilidad de la violencia como estrategia para atenuar la presión de la opinión pública y frenar la persecución estatal; y 3) la estrategia criminal que se expandió dentro de la política de Seguridad Democrática con la cual el Estado recuperó la iniciativa militar en el conflicto armado, y que se expresó en la desaparición forzada de jóvenes socialmente marginados a quienes miembros de la Fuerza Pública ejecutaron extrajudicialmente en regiones distantes de sus lugares de residencia, y que fueron luego presentados como guerrilleros dados de baja en combate, conocidos como falsos positivos.
La tarea de esclarecer históricamente la desaparición forzada apenas comienza, a pesar de los largos y constantes esfuerzos de las organizaciones de familiares y de Derechos Humanos. Esta labor plantea un arduo desafío de investigación judicial orientado a determinar quiénes fueron los perpetradores de los hechos y cuáles fueron sus responsabilidades. Prueba de ello es que el ruv no reporta autoría presunta en 21.423 de los 25.007 casos de desaparecidos, lo que equivale a un 85,6 % del total. En esta misma dirección, las organizaciones de Derechos Humanos y familiares de desaparecidos no reportan autoría presunta en 4.327 de los 5.016 casos documentados, lo que representa un 86,3 % de los casos.
En relación con el tipo de víctima, las posibilidades de caracterización exhaustiva son aún precarias, debido a la carencia de información completa correspondiente a cada una de las víctimas, especialmente en los registros de instancias oficiales. Esta deficiencia se hace particularmente crítica en el delito de desaparición forzada, porque el apoyo en información parcial o la comparación con casos conocidos como principal criterio para lograr el esclarecimiento del perfil de las víctimas implica el riesgo de volver a invisibilizar a los desaparecidos.
Teniendo en cuenta esta limitación, las organizaciones de Derechos Humanos y de familiares de desaparecidos reportan, de un universo de 5.016 casos, que en seis de cada diez las víctimas pertenecientes a grupos poblacionales vulnerables corresponden a militantes políticos y sindicalistas. Con ello se reafirma que el ataque sistemático contra la oposición política hizo parte de las estrategias de ocultamiento de los actores armados. El delito de la desaparición forzada se propagó con niveles diferenciados a lo largo y ancho del territorio nacional; en 787 de los municipios del país se registró por lo menos un caso, lo que representa un 68,79 % del territorio nacional. Entre estos, 140 municipios concentraron siete de cada diez casos.
1.4.5. Los secuestros y la toma de rehenes: la libertad retenida
De acuerdo con la información provista por Cifras & Conceptos para el gmh, entre 1970 y 2010 se registraron en Colombia 27.023 79 secuestros asociados con el conflicto armado. Otros 9.568 más perpetrados por la criminalidad organizada; 1962, por otros autores; y de otros 500 no se conoce a los responsables.
Un seguimiento a las estadísticas de este delito asociado al conflicto armado permite reconocer cinco momentos entre 1970 y 2010. Entre 1970 y 1979, el secuestro presenta una tendencia baja y estable. En la década siguiente, de 1980 a 1990, su comportamiento fue creciente e inestable. Luego, entre 1991 y 1995, decreció. Entre 1990 y 2002 retorna a una tendencia creciente y explosiva. Y decrece nuevamente entre 2003 y 2010.
79. Cifras & Conceptos para cnmh. Base de datos procesada por Cifras & Conceptos en el marco del proyecto: cnmh, Informe final del proyecto“ Dinámica de la desaparición forzada y el secuestro en Colombia, 1970-2010”( Bogotá: cnmh, Unión Europea, 2012- 2013). Para la construcción de la base de datos se utilizó una metodología de fuentes contrastadas a partir de siete fuentes: Fondelibertad, das, Fiscalía, Policía Nacional, prensa, sentencias judiciales y publicaciones.
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