INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
Exhumaciones en el municipio de Granada – Antioquia. Fotografía: Jesús Abad Colorado © 2007 general como paso preliminar a un proceso de paz con las guerrillas a partir de 1982. 70 Este gesto implicó una apuesta del poder civil dentro del Estado para acotar la autonomía de las Fuerzas Militares en el manejo del orden público. Este reajuste, como se verá en el capítulo 2, colisionó con sectores radicales de las Fuerzas Militares que se oponían a una salida política negociada del conflicto armado. Lo que siguió a esta oposición fue la intensificación de las violaciones a los Derechos Humanos por parte de agentes estatales mediante acciones clandestinas que se prolongaron hasta 1990, y que constituyeron un desafío del poder militar hacia el poder civil en el manejo del orden público. Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la continuación del conflicto entre el Estado y las guerrillas de las farc y el eln, las desapariciones forzadas siguieron registrando altos niveles hasta 1995. Esta modalidad fue concebida como una estrategia de ocultamiento de la violencia mediante la cual los sectores más radicales de la Fuerza Pública respondieron al nuevo marco de derechos y garantías consagrado en la nueva carta política. Todo ello sin renunciar a lo que consideraban como acciones eficaces en la vieja lucha contrainsurgente.
Un nuevo periodo se inauguró con el proyecto expansionista de los paramilitares y su apuesta por el control territorial en la competencia con las farc en la región de Urabá( 1995-1997). Esta competencia se proyectó después nacionalmente con la conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia − auc − en 1997. 71 En este nuevo escenario, y en gran medida como producto de la ofensiva guerrillera de ese periodo, los grupos paramilitares reemplazaron a los miembros de las Fuerzas Militares en el uso de esta modalidad de violencia. Ellos convirtieron la desaparición forzada en un mecanismo que complementaba otras modalidades de terror, y que funcionaba para ocultar las dimensiones reales de la violencia infligida. La invisibilización y el desconocimiento de las desapariciones forzadas que perpetraron los grupos paramilitares quedó en evidencia cuando, durante el proceso de Justicia y Paz( Ley 975 de
Río Cauca, Tumbas de agua. Fotografía: Manuel Saldarriaga. El Colombiano © 2002
70. Véase: Ley 35 de 1982 por la cual se decretó una amnistía y se dictaron normas tendientes al restablecimiento y preservación de la paz. 71. Véase, capítulo 2 de este informe.
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