Recomendaciones de política pública
Entre los temas a revisar, se recomiendan:
a. La promoción y el fortalecimiento de la participación ciudadana. b. La planeación y el presupuesto nacional con miras a establecer prioridades de inclusión social, fortalecimiento institucional territorial, medidas hacia las víctimas, medidas para la reintegración efectiva de desmovilizados, medidas específicas para poblaciones de especial protección, entre otras. c. Garantías para el ejercicio de la participación política, en particular en lo relacionado con la seguridad. d. La adecuación de las normas a los retos de la transición. e. El funcionamiento de la Fuerza Pública, con el fin de reorientar esfuerzos hacia la paz y ajustar su estructura a situaciones de posconflicto. Al efecto, se propone, por ejemplo, la conformación de un comité de expertos civiles independientes que durante un año haga seguimiento a los resultados obtenidos con recientes reformas como la del fuero militar, con el objetivo de emitir un concepto sobre su pertinencia y efectividad. f. El fortalecimiento de la protección y garantía de los Derechos Humanos, en particular de los grupos vulnerables.
De otro lado, la intolerancia frente a la diversidad y la discriminación por razones de género, diversidad sexual, etnia, edad, etc., han arraigado prácticas sociales de exclusión y graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que deben ser erradicadas. Por tanto, se hace necesario implementar por vía normativa acciones afirmativas y disposiciones especiales para la protección de las poblaciones que han sido víctimas de estas modalidades de exclusión.
Esto implicará fortalecer y hacer sostenibles para el inmediato posconflicto, durante mínimo diez años, los esfuerzos estatales actuales en el marco de la Ley 1448 de 2011 por transformar la situación de las víctimas objeto de violaciones y restituirles su condición de sujetos de derecho.
26. Existen actualmente espacios de participación para las víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011 orientados a construir y desarrollar programas y medidas de reparación integral para ellas. Se subraya la importancia de la participación de las víctimas en el diseño e implementación de políticas públicas de reparación integral como un fundamento de su sostenibilidad. Además, la participación y construcción concertada contribuyen a fortalecer los esfuerzos de construcción de la paz. Por lo tanto, se recomienda al Gobierno Nacional coordinar con las gobernaciones y alcaldías la ampliación y el fortalecimiento de estos espacios de participación con el propósito de que a través de ellos se faciliten condiciones para la construcción concertada de propuestas regionales para garantías de no repetición.
La ausencia, debilidad o ilegitimidad del Estado en los territorios ha contribuido a la configuración de espacios institucionales y sociales proclives a la intolerancia y la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Esto ha facilitado que se afiancen y arraiguen prácticas contrarias a los valores y principios democráticos consagrados en la Constitución Política de 1991, que sustentan visiones y prácticas autoritarias de la política y de la sociedad.
Para el fortalecimiento de prácticas y culturas democráticas, deben promoverse, desde diferentes instancias y con mayores esfuerzos y sistematicidad, lógicas de diálogo, deliberación, respeto de la pluralidad y de las diferencias. Por otra parte, la construcción de una democracia consolidada requerirá la revisión específica de códigos de conducta de funcionarios públicos y procesos de depuración institucional. Por lo anterior:
27. Se recomienda al Gobierno Nacional y a la Rama Judicial fortalecer, entre otros, espacios de rendición de cuentas y de mediación para la resolución extrajudicial de conflictos a nivel regional, a través de la resignificación de instituciones como los jueces de paz o la creación de instancias de mediación que, dotadas de capacidades técnicas, recursos, reconocimiento y legitimidad, adopten decisiones que sean vinculantes.
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