Impactos y daños del conflicto armado
La persecución y el exterminio afectaron de manera muy significativa a funcionarios y funcionarias de la Rama Judicial. El informe de La Rochela del gmh reseñó 1.487 hechos de violencia en contra de esta población entre enero de 1979 y diciembre del 2009. Las guerrillas justificaron sus ataques a los jueces aduciendo la ilegitimidad de la justicia del Estado. Los grupos paramilitares, narcotraficantes y militares actuaron motivados por el afán de obstruir los procesos de investigación que pudieran incriminarlos.
A estas prácticas de violencia se sumaron otros mecanismos de agresión que permearon el poder civil y el poder judicial del Estado, tanto regional como nacionalmente. 66 Varios líderes sociales y comunitarios, defensores y defensoras de Derechos Humanos e incluso autoridades políticas locales, fueron objeto de falsas acusaciones y de procesos judiciales adelantados con testigos fantasmas. Debido a su precariedad probatoria, estos procesos casi nunca desembocaron en condenas. De este modo, quienes no sufrieron el extermino fueron objeto de inculpación delictiva a través de la actuación judicial, para así concluir el ciclo de criminalización del ejercicio de los derechos. La guerra incidió drástica y negativamente en las agendas políticas y sociales de las diferentes manifestaciones democráticas del país. Se impidió el desarrollo de la democracia, que se concreta cuando proyectos políticos de diversas tendencias pueden realizarse libremente, pues cuentan con las garantías institucionales para su ejercicio. Un dirigente campesino de la anuc en Sucre narró:
Los desalojos [ de las tierras de los campesinos ] se han combinado con una intensa campaña de intimidación para desintegrar nuestras organizaciones. Para ello se acude a pretextos tales como calificar los comités veredales y dirigentes como pertenecientes a bandas de cuatreros o colaboradores o miembros de guerrillas. Esta campaña en contra de nuestra organización ya no solo se limita a la actividad individual de los terratenientes y autoridades locales sino que adquiere la forma de declaración oficial desde el gobierno central. Por ejemplo, el ministro de Justicia Hugo Escobar Sierra, en declaraciones aparecidas en El Espectador el 30 de abril, según sus propias palabras identificaba por igual la actitud de quienes quieren cambiar el sistema violando la ley, andan por los campos de Colombia asolando, asesinando e invadiendo fincas. 67
Además de la persecución a los partidos y movimientos políticos, las acciones violentas se orientaron a atacar a líderes y organizaciones comunitarias, cívicas, culturales, religiosas y humanitarias, organizaciones de mujeres e iniciativas juveniles. Entre los casos trabajados por el gmh se identificó el asesinato de líderes como otra forma de intimidación a la actividad política. Entre otros, se cuentan los casos del médico y líder cívico Julián Conrado David, asesinado el 27 de octubre de 1983 en San Carlos; de los sacerdotes Tiberio Fernández Mafla( Trujillo, abril de 1990), Luis Arroyabe( Comuna 13 de Medellín, septiembre del 2002) y Jorge Luis Mazo( Quibdó, noviembre de 1999); el defensor de Derechos Humanos Jesús Ramiro Zapata( 3 de mayo del 2000) y el personero municipal Jairo Luis Álvarez( 31 de octubre del 2008), ambos de Segovia; la lideresa cívica Yolanda Izquierdo( Montería, 31 de enero del 2007) y la lideresa wayuu Rosa Fince Uriana( Bahía Portete, 18 de abril del 2004). Estas acciones son otro modo de causar daño político, ya que estos líderes impulsaban procesos, para mejorar la calidad de vida de sus comunidades, proponer alternativas y salidas a la guerra desde la promoción de ejercicios ciudadanos.
Los participantes en juntas comunales, asociaciones vecinales, grupos culturales y organizaciones comunitarias fueron objeto de estigmatización, persecución y exterminio. El asesinato de líderes locales ha significado un gran sufrimiento para las familias y círculos cercanos. Estas agresiones han interrumpido los procesos sociales que promovían los líderes ejecutados, y han forzado a otros líderes al desplazamiento, tras interpretar estos asesinatos como una amenaza directa a su vida y
66. El gmh constató ejemplos de esto para los casos de Trujillo, Remedios y Segovia, y Carare.
67. gmh, La Tierra en disputa, 251.
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