INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
En el primer caso, el canje humanitario les brindó oxígeno político, al mantener vivo el interés del Gobierno de Francia en la liberación de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, lo que incluso forzó al gobierno de Uribe a realizar un gesto unilateral, como la liberación del“ canciller” de las farc, Rodrigo Granda, en junio del 2007— que había sido capturado ilegalmente en Venezuela—, para facilitar el acercamiento entre las partes. A eso se sumaba la inquietud del Gobierno de Estados Unidos por el secuestro de los tres contratistas norteamericanos, ocurrido el 12 de febrero del 2003. En ese contexto, las farc mantuvieron su férrea postura de condicionar cualquier acercamiento en relación con el canje humanitario al despeje militar de Florida y Pradera, en el Valle del Cauca.
Esta apuesta política se prolongó a lo largo de toda la década del 2000, pero resultó altamente costosa en términos de legitimidad: el asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y del exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, luego de la fallida operación de rescate de las Fuerzas Militares en abril del 2003; el asesinato de 11 de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca por fuego amigo entre dos frentes guerrilleros, en julio del 2007; el éxito de las operaciones de rescate de las Fuerzas Militares, como la Operación Jaque en julio del 2008, que permitió la liberación de la excandidata presidencial Íngrid Betancourt y los tres contratistas norteamericanos, así como la Operación Camaleón en junio del 2010, que permitió la liberación del coronel Luis Herlindo Mendieta, comandante del departamento de Policía de Vichada, que había sido retenido en la toma de Mitú, en noviembre de 1998; el desgastante proceso de liberaciones unilaterales entre 2009 y 2011; y las desgarradoras pruebas de supervivencia de secuestrados que llevaban más de 10 años en las selvas de Colombia. Todas estas acciones acabaron por exasperar a la opinión pública, que se movilizó masivamente en la marcha del 4 de febrero del 2008 en rechazo del secuestro y de las farc. Esta deslegitimación, a la larga, obligó a ese grupo guerrillero a replantear su postura, con la decisión de liberar unilateralmente a todos los secuestrados y retenidos de su lista de canjeables y declarar públicamente en febrero del 2012 la proscripción del secuestro extorsivo de su repertorio de acción.
En el segundo punto, el asedio y la presión violenta a las autoridades locales y regionales tuvo entre sus episodios más cruentos la masacre de los concejales de Puerto Rico, Caquetá, el 24 de mayo del 2005, con siete muertos; la de los concejales de Rivera, Huila, el 27 de febrero de 2006, con ocho muertos; y el asesinato del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, en diciembre del 2009.
2.4.3. La negociación fallida con las auc
El proceso de negociación con las autodefensas tampoco logró resultados permanentes, aunque la desmovilización de los principales jefes produjo, inicialmente, un marcado descenso de homicidios y masacres. Sin embargo, pronto se hizo evidente la falta de consensos y la heterogeneidad interna entre los grupos.
El primer tema problemático eran las diferencias en torno a los vínculos de las autodefensas con el narcotráfico y otros negocios legales e ilegales( oficinas de cobro de extorsiones, lavado de dinero en actividades económicas legales, robo de gasolina, apropiación y extracción de rentas de la minería, y acaparamiento de tierras y bienes), que evidenciaron la fragmentación de los grupos paramilitares. Las diferencias entre los grupos se habían iniciado, desde finales del Gobierno de Pastrana, con los enfrentamientos directos, abiertos y públicos entre los grupos armados de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta y las autodefensas de Carlos Castaño. La disputa, que produjo decenas de muertos y desaparecidos, se centraba en el control del importante enclave turístico de la ciudad de Santa Marta y de las estribaciones de la sierra del mismo nombre, por su importancia como corredor para actividades económicas ilegales. Esta disputa inscribió en un creciente agrietamiento dentro de la organización nacional federada de las auc que llevó a la renuncia de Carlos Castaño a la comandancia general de la organización el 12 de julio de 2001, hecho que marca el comienzo del desmoronamiento de las auc( 1997-2002) previo a su acercamiento con el gobierno Uribe. Luego, en el comienzo de las negociaciones, se dieron enfrentamientos entre el Bloque Metro, renuente a los diálogos, y el Bloque Nutibara del Bloque Central Bolívar – bcb, liderado por Diego Fernando Murillo, alias
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