HAGAMOS DEMOCRACIA
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I. INTRODUCCIÓN
Este periodo estuvo marcado por la presentación de
iniciativas provenientes del Poder Ejecutivo (10 de
11). En el caso de los decretos legislativos 72 en
total, 56 fueron presentados por diputados, siendo
éstas, 55 personalidades jurídicas y 16 por el Poder
Ejecutivo. Más 5 propuestas legislativas con trámite
de urgencia (2 leyes y 3 decretos).
En la sesión del 9 de marzo se leyó la Resolución de
la Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre la
inclusión de las comisiones permanentes en el
proceso de elaboración del digesto jurídico
nicaragüense distribuidos en diferentes materias
según el órgano legislativo.
Con la reforma, se aumentan las penas de parricidio,
asesinato, violación a menores de catorce años,
violación agravada; se reduce el femicidio al ámbito
privado, se otorgan poderes al juez técnico para que
canalice todo tipo de delitos, y se adiciona un literal
en el artículo 22 del Código Procesal Penal referido a
la competencia geográfica del juez o tribunal del
territorio que permitiría el traslado y enjuiciamiento
en la capital por ejemplo.
Fuente: El Nuevo Diario
La única iniciativa presentada por diputados fue de
la Bancada sandinista y fue la reforma al Código
Procesal Civil de la República de Nicaragua. Sin
embargo, se debe mencionar que los parlamentarios
del Partido Liberal Constitucionalista presentaron
una propuesta legislativa que pretendía derogar la
Ley del Canal, pero esta no fue aceptada bajo el
argumento que existe una sentencia de la Corte
Suprema de Justicia y una resolución de la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional que resuelve que
dicha ley no es inconstitucional, por lo tanto no se
puede solicitar su derogación argumentando la
contravención con la carta Magna.
Además miembros del Consejo Nacional en defensa
de la Tierra, Lago y Soberanía denunciaron que esta
propuesta era idéntica a la que el movimiento
anticanal había presentado con anterioridad ante la
Secretaria del órgano legislativo, por lo que
catalogaron la iniciativa de la bancada liberal
constitucionalista como un plagio.
Una de las leyes que causó mayor discusión y tuvo
reacciones en la población y juristas, fue la
concerniente a las reformas al Código Penal, Ley
Integral contra la violencia hacia las mujeres y al
Código Procesal Penal, la que se identificó por ser
consultada solo con el Poder Judicial, Fiscalía,
Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del
Gobierno, pero no con organismos de la sociedad
civil.
Con la reforma, se aumentan las penas de parricidio,
asesinato, violación a menores de catorce años,
violación agravada; se reduce el femicidio al ámbito
privado, se otorgan poderes al juez técnico para que
canalice todo tipo de delitos, y se adiciona un literal
en el artículo 22 del Código Procesal Penal referido a
la competencia geográfica del juez o tribunal del
territorio que permitiría el traslado y enjuiciamiento
en la capital por ejemplo.