H A G A M O S D E M O C R A C I A 1 4
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PERÍODO
En conclusión, durante el trimestre abril-junio 2017, el trabajo legislativo de la Asamblea Nacional puso el mayor énfasis en la aprobación de decretos que otorgan personerías jurídicas. Además quedo claro que la agenda legislativa del país sigue estando dominada por el Poder Ejecutivo. Los diputados, bancadas legislativas y demás poderes del Estado con iniciativa de ley, evidenciaron durante trimestre evaluado, no tener una agenda legislativa o simplemente cedieron el protagonismo al gobierno, tal es el caso de la ley No. 952 que entre otras leyes reformó el Código Penal y el Código Procesal Penal, que por ser materia de su competencia perfectamente pudo haber sido presentada por la Corte Suprema de Justicia, sin embargo la presentó el Poder Ejecutivo.
Igualmente ocurrió con la ley 946 que reformó nuevo Código de Procedimiento Civil que pudo ser presentado por el órgano judicial, pero se hizo a través de tres diputados de la bancada oficialista, que dicho sea de paso constituyo la única iniciativa de ley que no presentó el ejecutivo en el trimestre. Este tipo de actuación legislativa demuestra que hay una tendencia que está marcando la pauta del quehacer legislativo nacional en función básicamente de la agenda gubernamental y pone en evidencia que los actuales diputados y diputadas todavía no han asumido como parte de su responsabilidad la tarea que se les ha asignado como es legislar en beneficio de sus representados.
Se recomienda entonces, que ya sea como bancada o a título personal, los legisladores estrechen lazos con la ciudadanía en general, creando espacios de comunicación fluida, como por ejemplo, realizando asambleas o reuniones con líderes comunitarios de los diferentes municipios del departamento al que representan, para que de esta forma conozcan de primera mano las necesidades de la población y en función de ellas impulsar las leyes o reformas que se requieran.
De esta manera podrán construir una agenda legislativa propia que responda a las demandas de sus electores lo que les permitirá ampliar su gestión parlamentaria más allá de la presentación de solicitudes de personerías jurídicas y del apoyo a rechazo a las leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo.
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