Argumentos Socialistas Nº 2 SEPTIEMBRE 2013 | Page 34
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en Bankia serán necesarios al ritmo que llevan de tramitación 280 años para terminar las resoluciones, toda una larga vida, para que cuando los ancianos que las compraron, ya no puedan sino ver sus resoluciones desde el cementerio. Resoluciones que además son hechas por la propia entidad en reconocimiento de culpa, toda vez que KPMG es abogada defensora de Bankia en numerosos juicios civiles interpuestos por los clientes. La vía civil tan recomendada por la Fiscalía, y el propio arbitraje, no tiene nada de arbitraje independiente, pues Bankia es juez y parte en la resolución de dichos arbitrajes. En suma, existe un cúmulo de obstáculos, que hacen que los clientes, estén en situación de desamparo, fruto de la acción u omisión de unos (Entidades) u otros (el Estado y sus representantes tanto Fiscalía con su obstrucción, como el FROB con sus resoluciones). De ahí que sea precisamente la vía penal interpuesta por esta parte en la Audiencia Nacional, y admitida a trámite por el juez Andreu, la vía no solo necesaria, sino imprescindible para investigar los ilícitos penales, y las responsabilidades penales de los 6 directivos imputados. Por todas estas manifestaciones previas, y otras que acompañamos a nuestro escrito, nos oponemos al Informe del Fiscal, que calificamos de grave error, al dar alas a los imputados, que tratan fundamentalmente de hacer obstrucción a la justicia, y pedimos que se mantenga como pieza separada la instrucción de las preferentes y subordinadas de Bankia, y se abra juicio penal sobre la gestión y comercialización de preferentes y subordinadas, lo cual facilite una rápida devolución del dinero a los clientes que han interpuesto la acusación particular.
RESPECTO AL CANJE POR ACCIONES (recordamos nuestra actuación el 23 de mayo de 2013). La Federación de Ahorro de ACF, Asociación de Clientes Financieros. planteó a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional una medida cautelar para suspender el canje de preferentes.
La Federación de ACF presentó un escrito, en el que fundamenta su petición en la vulneración, de la legislación tanto del Mercado de Valores, como de defensa de los Consumidores, siendo especialmente relevante en nuestra opinión el uso de la discrecionalidad administrativa, de forma abusiva por parte del FROB, que más que una representación del Estado, de muestra ser el brazo ar-
mado del Gobierno, y se inclina con esta Resolución de canje forzoso más hacia defraudar a los clientes que hacia su protección. Mantiene un doble juego: actúa como empresario y dueño de Bankia, pues actualmente es el accionista mayoritario, de tal forma que hace funciones de bróker, aunque desde la trinchera del Estado. La Sala que tendrá que dictar resolución sobre esta materia, es la Sala Sexta de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. Aunque nuestra petición fue desestimada, hemos planteado el correspondiente Recurso Contencioso Administrativo contra el FROB, y actualmente está admitido a trámite, por lo que el procedimiento sigue su curso. La Federación de Ahorro de ACF es una filial de la Asociación de Clientes Financieros, que integra a los afiliados y simpatizantes, afectados por participaciones preferentes y obligaciones subordinadas. Registró el escrito solicitando la aplicación de una MEDIDA CAUTELAR contra la Resolución del FROB de 16 de abril de 2013. En la redacción, tramitación y aprobación de las disposiciones legales, que afectan a las participaciones preferentes, el Gobierno y el FROB, ejecutor de todas estas medidas, no ha contado ni recibido en audiencia a asociación alguna que represente los derechos de los consumidores, ni ha convocado la Junta de Partícipes, órgano representativo de los suscriptores (compradores de Queremos recordar que la legislación de los consumidores obliga a audiencia, consulta y participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente, y la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.
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