infraestructura, este mecanismo se convierte en el medio para brindar certidumbre a las inversiones en energía limpia y asegurar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Enrique Guzmán Lara, socio de ENIX, profundizó en los alcances de la planeación vinculante y de los nuevos esquemas de inversión mixta como instrumentos para acelerar el desarrollo de infraestructura eléctrica. Explicó que estos mecanismos buscan alinear el crecimiento de la generación con las necesidades reales del Sistema Eléctrico Nacional, brindar mayor certidumbre a los proyectos y fortalecer la coordinación entre el Estado y la inversión privada para incorporar nueva capacidad de manera ordenada y eficiente. Asimismo, se analizaron los avances de las convocatorias emitidas por las autoridades para nueva generación eléctrica y los esquemas de inversión mixta con la Comisión Federal de Electricidad( CFE). De acuerdo con la información presentada, estas convocatorias podrían traducirse en 13 nuevos proyectos eólicos, con aproximadamente 4,000 MW de nueva capacidad y una inversión estimada de entre 5,000 y 6,000 millones de dólares durante los próximos años. Los especialistas coincidieron en que este proceso también requerirá inversiones oportunas en redes de transmisión y almacenamiento de energía para garantizar que la nueva capacidad pueda incorporarse de manera eficiente al Sistema Eléctrico Nacional.
Por otro lado, se revisaron los principales alcances de las nuevas disposiciones regulatorias asociadas a la planeación vinculante y a los mecanismos de desarrollo mixto, destacando que estos instrumentos buscan otorgar mayor certidumbre a los procesos de inversión, alineando la participación pública y privada con las necesidades del sistema eléctrico nacional.
Proyectos eólicos de alto valor social Gabriel Espejel, socio fundador de CARAL y anteriormente de CIIJA, presentó los principales cambios derivados de las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético( MISSE), las cuales fortalecen el componente social de los proyectos energéticos al establecer procesos más robustos de participación comunitaria, mecanismos de seguimiento, indicadores de impacto y estrategias de beneficios sociales compartidos. Durante su intervención explicó que la nueva regulación tiene como objetivo que los proyectos generen valor de largo plazo en las comunidades mediante acciones orientadas al desarrollo de capacidades locales, el fortalecimiento de cadenas productivas, la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad y la promoción de la justicia energética, entendida como un acceso más equitativo a los beneficios del desarrollo energético.
Aprendiendo 12