Anexo 28 - Mayo 2014 | Page 4

05 informe más alta de inseguridad ciudadana” en América Latina con 50%, por encima de Venezuela (43,7%) y de El Salvador (42,5%) en el 2013. Vacíos en la sociedad ¿Cuáles son los impulsos que llevan a los individuos a delinquir? Se suele argumentar que hay motivaciones económicas en personas que provienen de sectores sociales no muy favorecidos y con falta de oportunidades, pero esa puede ser una justificación errónea. Para el sociólogo Agustín Espinosa, existen otros factores: “La mayoría de delincuentes pertenece a familias desestructuradas en las que no existe atención y control de los padres hacia los hijos. En ese sentido, los niños son atraídos por bandas criminales que los ‘adoptan’ y los protegen”. No obstante, según Espinosa, algo podría distinguir a la delincuencia existente en el Perú, respecto a otras del mundo: “Lo que ha venido ocurriendo en una sociedad violenta como la peruana es que ha experimentado la migración de componentes políticos provenientes del terrorismo de Sendero Luminoso y de la represión del Estado en los noventa, junto a los modismos de la delincuencia ‘callejera’ o ‘común’ que se ven reflejados en los asaltos, robos a mano armada y secuestros”. Sumado a lo anterior, aquí es muy fácil conseguir armas. En enero del 2013, basado en investigaciones del antropólogo Jaris Mujica, La República informó que en Lima es posible adquirir pistolas y revólveres a precios de entre los US$100 y US$120. La ley vigente exige a los propietarios de pistolas o revólveres que registren sus armas en la Superintendencia de Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) antes de obtener una licencia de uso que debe ser renovada cada año. Lamentablemente ese control no evita el caos. El director de la SUCAMEC, Jorge Carcovich, explicó a La República que “en 25 años se han otorgado alrededor de 300 mil licencias para portar armas: un 60% a personas jurídicas (empresas de seguridad, entre otras) y el resto a ciudadanos”. Y añade: “El problema es que aproxi- Insensibilidad con mediocridad. Ollanta Humala (izquierda) ve de cerca al fantasma de la impopularidad por causa de la inseguridad ciudadana. Por ejemplo, un estudio del 2013 de la empresa GFK reveló que su inacción frente a la delincuencia le costó una caída en su popularidad del 32% (julio) al 24% (octubre) en ese año. Arriba: El dominicano Lindomar Hernández (a) Puerto Rico, asesino confeso del fotógrafo de El Comercio Luis Choy. Tras fugar de la carceleta del Poder Judicial con ayuda de un grupo de policías, Puerto Rico fue abatido en extrañas circunstancias en Comas. Y pese a ser uno de los crímenes más sonados y lamentados del 2013, la División de Investigación de Homicidios de la PNP aún no identifica al autor intelectual del hecho. Abajo: La clásica señal de un rapto. En el 2012, la PNP recibió 519 denuncias por secuestro y realizó 198 capturas, entre hombres y mujeres. Además, desarticuló 14 bandas organizadas y decomisó 61 armas de fuego. De acuerdo con fuentes policiales, las cifras aumentaron en el 2013. Armas a granel. El mercado ilegal de armas es el arsenal del crimen. Cuando fue capturado en el 2003, el sicario adolescente Alexander Pérez Gutiérrez (a) Gringasho portaba una pistola Browning 45, utilizada por el Ejército norteamericano en Afganistán y con un poder de fuego superior a las utilizadas por cualquier agente policial del Perú. ¿Cómo la consiguió? El general PNP César Cortijo, jefe de la DIRINCRI, señala que “el comercio ilegal de armas es un espiral que crece imparable”. madamente 150 mil licencias no han sido renovadas… Y si no están controladas por el Estado, obviamente pululan en el mercado informal”. Al menos en Lima, ese mercado informal que nutre de ‘fierros’ y de balas a los asaltantes se distribuye en zonas como Las Malvinas, el jirón Paruro o La Cachina. ¿Y qué ocurre con los civiles que compran un arma? Según Espinosa, ellos buscan un mecanismo de defensa que les otorgue una ilusión de ‘control’ para sentirse ‘seguros’ en un escenario incierto y peligroso. Los que piden ‘hierro y sangre’ contra el crimen aseguran que eso es bueno, si bien no detallan que en una escaramuza con balas y gritos destemplados, los criminales tienen las de vivir. Decepcionados por eso, sumado al peligro que conlleva tener un arma en un hogar con niños o adolescentes, no pocos civiles revenden sus armas en el mercado informal, alimentando con ello la logística criminal. Y no solamente se trata de armas. Espinosa explica que existen otros mecanismos de ‘defensa’ que son propios de una población aterrorizada. Pues bien, un estudio de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC) señala que en Lima existen 1.263 rejas de seguridad, de las que 1.147 (91%) no cuentan con autorización municipal. Aquí se genera una problemática con mucho fondo, explica Espinosa: “Se debe fortalecer la inclusión social porque \