El juez en su rol, funge como garante del derecho a la tutela judicial efectiva, y éste a su vez, está concebido como requisito fundamental para el cumplimiento de los fines de un Estado de Justicia, derecho que se materializa a través del debido proceso y todas las garantías contenidas en el mismo. En este sentido, las medidas cautelares constituyen un instrumento de la justicia dispuesto para que el fallo jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, además que constituyen una expresión de la tutela judicial efectiva que pregona nuestro dispositivo constitucional, pues obviamente la tutela judicial no cumpliría su destino final, si la decisión careciera de efectividad por no poderse ejecutar. Justamente, la efectividad, es el elemento que complementa la protección judicial.
La cautela, es por tanto, la posibilidad que tiene el juez de asegurar la efectiva ejecución y/o materialización de la sentencia, con la cual se entiende, se restablece el orden jurídico infringido; pues de nada sirve obtener la tutela judicial, si ésta no garantiza efectividad, es
decir, a los fines de la justicia, no basta con atravesar un proceso impoluto, si la sentencia
no se puede cumplir, el fin último del proceso no se alcanzaría.
El Rol del Juez en el Proceso Laboral, Bontes I., Mirabal I. (2012)
Es amplísima la potestad cautelar del juez laboral, pudiendo dictar cualquier medida con flexibilidad, pues las formalidades se reducen a (i) su criterio o consideración sobre la posibilidad de que quede ilusorio la ejecución del fallo, y a la (ii) presunción de la existencia del derecho. La palabra ‘grave’, pareciera que está fuera de contexto en la norma referida.
Aun así, es difícil, por lo menos en la actualidad, que en los juicios se dicten este tipo de medidas preventivas, porque la realidad indica que siendo el empleador el generalmente demandado, es poco probable que quede ilusoria la ejecución del fallo en caso de resultar
éste perdidoso. Sin embargo, existe la previsión legal para casos de dudas.
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