La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según la ley respectiva que rige la entidad estatal, es “una institución integrante del Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa”, que tiene como objetivo “velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos”.