¿Es la seguridad igual para todos?
Según encuestas a las clases más acomodadas, estas han tomado la decisión de fortalecer su se-
guridad en forma privada, pues la que provee el gobierno no cumple las expectativas de cuidar
su integridad. Esto se debe en gran parte a la percepción de inseguridad que se maneja.
Por lo tanto, las autoridades públicas deben buscar los mecanismos para mejorar su desempeño
y así satisfacer las necesidades de las comunidades en el ámbito de seguridad pública. De no
tomarse en cuenta la idea anterior, ocasionará la privatización de la seguridad ciudadana en
un porcentaje muy alto; según datos estadísticos, aumentó de 934 en el 2001 a 8541 personas
dedicadas a la seguridad privada en el 2004. De hecho, las empresas de seguridad ciudadana
han tenido un crecimiento positivo; pues cada vez son más los hogares y comercios que pagan
seguridad privada en su comunidad. Las características de estas comunidades son las siguientes:
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Son personas que viven en zonas urbanas.
Sus edades están entre 25 y 34 años.
Nivel educativo y condición socioeconómica de media a alta.
Seguridad privada y sus retos
Para mejorar la seguridad privada, se ha
creado una serie de leyes, como la Ley de
Servicios de Seguridad Privada (N. 0 8395),
la cual se aprobó el 28 de octubre del 2003
por la Asamblea Legislativa y entró a regir
a partir de febrero del 2004. Con esta ley
se pretende un mejor control y regulación
de las personas que prestan los servicios de
seguridad privada, además de cumplir con los
requisitos mínimos.
Si no se cumplen los propósitos anteriores,
las empresas de seguridad privada pueden ser
amonestadas, suspendidas y hasta clausuradas.
Los controles de la nueva ley en materia de
empresas y seguridad privada se rigen por lo
siguiente:
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La seguridad privada tiende a extender sus servicios cada
día.
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La actividad debe tener autorización
previa.
Inscribirse y registrarse en la entidad
autorizada.
Someterse a inspecciones.
Fiscalización para el cumplimiento
de los derechos laborales de los
trabajadores.