Las nuevas guías para remoción (deportación) de la administración de Biden, piden a los abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ejerzan discrecionalidad procesal, en su enfoque, de la acumulación récord de casi 1.8 millones de casos de deportación pendientes ante los tribunales de inmigración. Al centrarse en casos de alta prioridad (no ciudadanos que presentan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, o que recientemente cruzaron la frontera de los Estados Unidos sin autorización), los abogados de ICE deben terminar muchos casos que no son prioridad. La discrecionalidad procesal es una herramienta común utilizada por los fiscales en los tribunales penales (acuerdos de culpabilidad, etc.) para evitar retrasos innecesarios en los tribunales. Si se implementan correctamente, las nuevas prácticas de discrecionalidad procesal podrían aliviar parte de la tensión en este sistema judicial ya sobrecargado que normalmente maneja entre 200.000 y 400.000 casos al año. Esto aceleraría la resolución final de los casos prioritarios; teniendo así un proceso de deportación más rápida para aquellos que son deportables y una protección más rápida para aquellos que califiquen.