El Congreso creó el Estatus de Protección Temporal ("TPS") en 1990 para proteger a las personas que no pueden regresar de forma segura a países que enfrentan guerra, desastres naturales, inestabilidad u otras emergencias. El TPS proporciona protección temporal contra la deportación y permiso para trabajar, ayudando a las familias a permanecer juntas y mantenerse a sí mismas mientras continúan las condiciones peligrosas.
Aunque el TPS es temporal, algunas designaciones han durado décadas. Muchos titulares de TPS han construido vidas en Estados Unidos y han fortalecido comunidades. Para quienes no tienen otra vía hacia el estatus legal, perder el TPS amenaza su seguridad.
En marzo de 2025, casi 1,3 millones de personas tenían TPS en Estados Unidos. Desde su regreso al cargo, la administración Trump ha intentado poner fin a la protección para casi todos los beneficiarios del TPS. Se movió para deshacer la extensión de Venezuela y
anunció el fin del TPS de Haití a pesar de la violencia y el colapso socioeconómico.
Estos despidos provocaron demandas. Los tribunales inicialmente suspendieron algunas decisiones, pero la Corte Suprema permitió que el gobierno continuara. El mes pasado, la Corte Suprema dictaminó que la terminación del TPS para haitianos por parte de la administración era legal porque la ley TPS no permite la revisión judicial.
Cualquier persona afectada debería hablar rápidamente con un abogado de inmigración sobre otras opciones, incluyendo asilo o ciertos visados, y elaborar un plan de preparación ahora. El Congreso aún tiene el poder de actuar. Un proyecto de ley pendiente del Senado extendería el TPS para más de 300.000 haitianos durante tres años tras ser aprobado por la Cámara con apoyo bipartidista. Los ciudadanos deberían llamar a sus senadores para instarles a que lo lleven a votación y proteger a las familias que han vivido, trabajado y contribuido a este país durante años.