Es importante estar advertidos sobre el último acto de crueldad de la Administración. Ahora, mientras recoge su correo diario, usted podría encontrar una carta del gobierno evaluando una enorme multa que podría ser de varios miles de dólares a cientos de miles de dólares. La política reciente se basa en leyes aprobadas por el Congreso en 1952 y 1996, que nunca se aplicaron hasta el primer mandato de Trump.
La ley de 1952 impuso una multa cuando había razones para creer que una persona había violado cualquiera de las disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (“INA”) y la ley de 1996 permitió al Departamento de Seguridad Nacional (“DHS”) ordenar el pago de una multa civil de hasta $500 por día (ahora $988 después del ajuste por inflación) por cada día que una persona deliberadamente falló o se negó a salir de los Estados Unidos después de una orden de expulsión. Estas leyes están sujetas a un estatuto de limitaciones de 5 años.
En 2017, el presidente Trump emitió una Orden Ejecutiva ("EO") para garantizar la evaluación y recaudación de todas las multas y sanciones a los no ciudadanos que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos. Durante su primera administración, Trump emitió 233 notificaciones, de las cuales 26 personas fueron multadas por un total de 4.215 dólares. La administración Biden revocó la orden ejecutiva. En su primer día de regreso al cargo, el presidente Trump emitió una nueva orden ejecutiva restableciendo la recaudación de sanciones.
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