Europa pretende convertirse en el primer continente neutro en carbono para 2050. Bajo ese objetivo la Unión Europea lidera la agenda global de sustentabilidad, marcando el camino a otras regiones que se le alinean, ya sea por exigencias de acuerdos globales o para no perder negocios de comercio exterior claves para sus economías.
En el marco del Pacto Verde Europeo lanzado en 2019, hay una pila de normativas vinculadas a la reducción de dióxido de carbono que alcanza a rubros variados, sobre todo a aquellos que tienen responsabilidades de emisión. Una de ellas generó polémicas recientes que impactaron por todo el mundo: el Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (conocido como EUDR por sus siglas en inglés).
Dicha ley establece que 7 productos de la cadena de suministros que ingresen en el mercado europeo deben estar libres de deforestación producida después del 31 de diciembre de 2020. Estos son carne, soja, aceite de palma, cacao, café, madera y caucho, así como productos derivados.
Estos productos tienen que estar totalmente trackeadas por una diligencia debida, lo que significa que las empresas productoras deberán recopilar información sobre la trazabilidad del origen de los productos, y los Estados miembros de la UE supervisarán que sólo ingresen a su mercado productos certificados libres de forestación.
Si bien se planeaba que la normativa entre en vigencia el 1 de enero de 2025, su aplicación se pospuso al menos por un año por presiones de la industria y de países que hubiesen quedado fuera del circuito comercial europeo por no haber logrado aggiornarse a tiempo.
“En algún momento iba a haber un choque entre la decisión política y la real ejecución. La decisión política era que para este año esté implementado el EUDR, pero en la realidad es mucho más complejo modificar 70 años de historia de agricultura lineal”, considera el ingeniero agrónomo diplomado en Cambio Climático, Ignacio Delavechia, al ser consultado por Punto biz.
Uno de los reclamos a la norma al interior de la Unión Europea es que a la transición hacia una agricultura sostenible le faltan mecanismos financieros que protejan a los agricultores de asumir todos los costos. El más pesado es el desarrollo para la gestión de la trazabilidad.
Para que los pequeños productores puedan adaptarse a la plataforma de la normativa europea y que no sea exclusivo para los grandes jugadores, parece que serán las grandes empresas las que les den soluciones a los medianos productores. Así lo indica la experiencia de Argentina, país pionero en adaptar su industria a las exigencias del EUDR.
“Hoy si alguien tiene que absorber el costo es el productor porque el mercado todavía no lo está pagando”, consideró Delavechia, y agregó: “En un momento no muy lejano las empresas van a tener que mostrar cuál es su impacto ambiental y desde ahí tomar decisiones. Cuando eso pase a ser obligatorio, va a aparecer el sobreprecio”.
¿La agricultura regenerativa atenta contra la productividad?
Hay que considerar que existen tres modelos de producción agrícola: el lineal, que consume agroquímicos, fertilizantes y recursos; el modelo agroecológico, que propone una equidad entre las entradas y las salidas, y el modelo regenerativo que busca volver a generar recursos mediante determinadas prácticas.
La tendencia indica que el modelo lineal, que lleva 70 años de historia, se está agotando, y el sector agrícola tiene la obligación de migrar a otro modelo por status corporativo y de mercado: hoy el consumidor está poniendo foco en el origen del alimento que consume y el impacto que este generó.
Hecho este preámbulo, Delavechia aseguró que un modelo regenerativo, ya sea de agricultura o ganadería, una vez que entra en un estado de equilibrio de producción termina siendo más rentable porque deja de depender de insumos como fertilizantes y agroquímicos. Pero el problema reside en el tiempo de transición.
“Si un productor mañana empieza a hacer prácticas regenerativas seguramente todos sus rindes de cultivo bajen a más de la mitad porque el modelo productivo está acostumbrado a inputs para llegar a un nivel de rendimiento”, analizó el experto. Con fijadores biológicos y prácticas naturales, posiblemente los primeros años no haya rendimiento. La transición, entonces, la paga el productor.
A esta tensión hay que sumar que todavía no se está pagando un sobreprecio a los productos por tener la característica de ser regenerativos.
Pese a que el panorama de esta transición parece desalentador, especialmente para los pequeños y medianos productores, Delavechia aseguró que hay estudios –especialmente los aplicados a un modelo ganadero regenerativo– que indican que con el tiempo la agricultura regenerativa establece una mayor rentabilidad por la no dependencia.
En este sentido, ejemplificó: “Hoy para sembrar un cultivo de maíz se necesita 150 kilos de fosfato de amonio, 100 kilos de urea, un cocktail gigante de herbicidas pre emergentes. Todo es costoso. Cuando se aplican técnicas regenerativas de conservación del suelo se hacen cultivos de cobertura para no aplicar fertilizantes sintéticos sino fijadores biológicos naturales”.
El especialista aseguró que, en el largo plazo, ese modelo no sólo será más rentable, sino que será el único modelo que en los próximos diez años la agricultura va a poder tolerar. Todo indica que estamos en un momento puente: de una agricultura lineal de 80 años de historia hacia un modelo que demanda el cuidado del suelo y, en consecuencia, que los productores agropecuarios se reinventen.
La tendencia, una cuestión de tiempo
Delavechia trabaja como Líder de Sustentabilidad de Agrotoken, empresa que nació originariamente para transformar activos –en este caso granos– en pequeñas fracciones digitales o tokens que se pueden comercializar utilizando la tecnología.
“Si una de las tres empresas más grandes del rubro lo tiene en agenda es porque ya está visualizado. Y si ellos lo hacen, los otros cinco que tienen el comercio internacional de granos en el mundo saben que tienen que tener esa solución”, plantea el experto en cambio climático.
Los gigantes de la tecnología agrícola como Syngenta, Corteva Agriscience, Basf y Bayer se ven obligadas a subirse a esta nueva ola de productos respetuosos con la naturaleza. En sus agendas está el plan de aumentar el rendimiento de las tierras agrícolas y recuperar tierras improductivas degradadas por la agricultura excesiva.
La alemana Basf desarrolló en 2011 el programa AgBalance, una herramienta innovadora que permitía a los agricultores medir el impacto ambiental de sus prácticas.
Por su parte, el primer proyecto piloto de la multinacional suiza Syngenta fue lanzado en 2019 y en colaboración con Itaú BBA, un importante banco brasileño, buscaron combatir la deforestación de más 200.000 hectáreas en dicho país.
Corteva Agriscience se formó en 2019 tras la fusión de Dow y DuPont. La empresa impulsa programas de manejo integrado de cultivos y soluciones biológicas que mejoran la salud del suelo.
Mientras tanto, Bayer impulsa desde 2020 su agenda de sustentabilidad a través del programa Carbon Initiative, que incentiva a los agricultores a adoptar prácticas agrícolas regenerativas mediante pagos por la captura de carbono en sus tierras.
Si bien en el ámbito empresarial los líderes mundiales del agro están alineados en el rumbo a seguir, el contexto político europeo no parece estar en la misma situación.
Si bien la Unión Europea ha sido modelo global en la lucha contra el cambio climático, podría estar próxima a enfrentar una ruptura en los consensos logrados en su agenda verde. El auge de los partidos de derecha pone en duda la continuidad de políticas ambientales que con sus agendas de gobierno minimizan los riesgos o hasta niegan la existencia del cambio climático.
Un ejemplo reciente se dio con la ley de Restauración de la Naturaleza que tiene por objetivo recuperar, para 2030, el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la UE dañados. La norma generó tensiones por la resistencia de los países de gran dependencia del sector primario ante el temor a perder disponibilidad de superficie de cultivos.
Este año no sólo el Parlamento Europeo cambia de gobierno, sino que hay elecciones en dos países claves para la región: Francia y Alemania.
Se sabrá mejor si los acuerdos verdes alcanzados al interior de la UE peligran una vez que los actores decisivos se renueven este 2025 y quede configurado un nuevo tablero geopolítico.
Francia y Alemania son los principales productores de trigo, cebada y lácteos de la Unión Europea, tanto para consumo interno como para exportación. En el primer caso es el mayor productor de maíz en la región, destinado mayormente a la alimentación animal y a la industria del biocombustible.
Argentina en Europa
Ciara-CEC y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) diseñaron la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco Argentino (Visec), que consiste en un sistema georreferenciado que permite realizar a nivel nacional una trazabilidad completa de las partidas de granos desde el campo de origen hasta el puerto de embarque.
Visec reúne a todos los actores de la cadena de valor de la soja y de la carne, y tenían listo para el 2025 el proceso de trazabilidad, la plataforma y la capacitación a productores para incorporarse inmediatamente en el comercio europeo.
“Argentina estaba lista para ser el primer país en poder ofrecer productos libre de deforestación a Europa”, afirma Ana Lia Parodi, responsable de prensa de la compañía. Sin embargo, toca esperar un año para que los productos certificados con sello argentino sean parte del comercio del viejo continente.
Los principales productos que Argentina exporta a la Unión Europea son: soja (44%), maní (12%), pescados y mariscos (11%), carnes y cueros bovinos (10%).